El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett y el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, continuando con su lucha contra la cartelización empresarial y otras formas de colusión en contrataciones públicas que violan el régimen de libre competencia económica, firmaron un Convenio Interadministrativo para fortalecer la efectividad y eficiencia de las investigaciones administrativas y penales que se adelantan por estas conductas que afecten los intereses y recursos públicos.

En el marco de este Convenio, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación articularán sus actuaciones para que conjuntamente se investiguen y sancionen las conductas que afecten la libre competencia en procesos de contratación en entidades del orden nacional, departamental y municipal.

Adicionalmente, el Convenio estable intercambios de información y de elementos de prueba con el fin de que cada entidad pueda adelantar sus actuaciones en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y de policía administrativa económica en salvaguarda de la libre competencia y de los dineros y recursos del presupuesto de las distintas entidades públicas.

Este acuerdo permitirá avanzar con las investigaciones que hoy en día cursan en la Superintendencia de Industria y Comercio, que cumpliendo con sus funciones de policía administrativa económica, ya tiene bajo indagación más de 350 procesos de contratación estatal en los que han participado más de 500 agentes del mercado.

Las partes implementarán acciones para conformar grupos de servidores públicos que cumplan con las funciones de policía judicial y apoyarlos en procesos de capacitación, así como de instruir a los funcionarios de la Fiscalía para que colaboren en las investigaciones a cargo de ambas entidades.

Para cumplir lo establecido en el Convenio se creará un Comité de Coordinación y Seguimiento que estará liderado por la Subdirección de Articulación Externa de Policías Judiciales de la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación y por el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.