Un monto de $5.7 billones invirtió el sector privado en más y mejor hotelería gracias al decreto 2755 de 2003, cuya vigencia terminó el pasado 31 de diciembre.

Los empresarios construyeron y remodelaron 75.338 habitaciones, que generaron 60.270 empleos directos entre 2003 y noviembre de 2017, gracias a la exención del impuesto de renta por 30 años implementada por el Gobierno con el propósito de mejorar la infraestructura turística del país.

En lo corrido del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos (2010 a 2017) se invirtieron $4.5 billones en un total 39.511 nuevas habitaciones, y se remodelaron 16.788, con una inversión cercana a los $387.000 millones.

El 2016, año en que se dio fin al conflicto con las Farc, fue el de mayor inversión hotelera con $1.1 billones en la construcción de habitaciones, de las cuales 5.838 son nuevas y 1.528 remodeladas.

“Con estas nuevas instalaciones hoteleras, Colombia cuenta con una oferta de habitaciones dotadas con la última tecnología, apropiadas para el descanso y las vacaciones de los viajeros nacionales y extranjeros más exigentes. Además, ha dado un paso gigante hacia su consolidación como un destino turístico que esté a la altura de los mejores a nivel global”, dijo la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

Atraídos por este incentivo tributario y el posconflicto, han llegado o consolidado su presencia en el país las principales cadenas hoteleras internacionales, como Hilton, Marriott, Sonesta, Radisson, Sheraton, City Express, FourSeasons, Best Western, NH Hotel Group, entre otras.

Más oportunidades para el sector en el posconflicto
Con la paz, Colombia tiene más territorios para que los turistas nacionales y extranjeros puedan recorrer y disfrutar de la riqueza cultural y natural de nuestro país.

Para garantizar que las empresas privadas y las comunidades inviertan en los sitios afectados por la violencia, el Gobierno determinó que las personas naturales o jurídicas que decidan construir hoteles en los municipios con menos de 200.000 habitantes (que abarcan los que han sufrido el conflicto) solo pagarán una tarifa del 9% del impuesto de renta.