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El gobierno sancionó la Ley 2293 del 26 de abril de 2023, "Por medio de la cual se aprueba el «protocolo adicional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la república de Croacia a la Unión Europea», suscrito en Bruselas, el 30 de junio de 2015".

Para conocer la Ley 2293, haga clic aquí.

A través de una carta dirigida al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a la Presidencia Pro Tempore del Consejo de la Unión Europea, actualmente en cabeza de España, 17 países incluido Colombia reiteraron su preocupación por la expedición, y ahora implementación, del reglamento de la Unión Europea sobre el comercio libre de deforestación.

La carta la firman 11 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay; otros tres asiáticos: Indonesia, Malasia y Tailandia, y tres africanos: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.

En la misiva, en cuya redacción participaron activamente la Oficina Comercial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Embajada de Colombia en Bruselas, los firmantes señalan que la legislación ignora las circunstancias y capacidades de producción locales, las legislaciones de cada nación y los mecanismos de certificación de los países en desarrollo, así como los esfuerzos que adelantan en su lucha contra la deforestación y los compromisos multilaterales.

Instan a los altos mandos en el bloque europeo, destinatarios de la carta, a revisar el reglamento y a participar en un diálogo abierto con los países productores que exportan sus bienes a ese mercado, para tratar de mitigar los impactos que sobre el comercio traerá su implementación.

“Considerando que, a pesar de las múltiples manifestaciones de preocupación, particularmente de los países en desarrollo, la legislación entrará en vigor en menos de 18 meses y que la Unión Europea todavía está trabajando en el proceso de implementación, instamos a la Comisión y a otras instituciones del bloque a participar en un diálogo más significativo y abierto para, por lo menos, tratar de mitigar los impactos más dañinos a través de directrices de implementación que valoren las prácticas sostenibles, así como el desarrollo local de las cadenas de valor agrícolas, y evitar así la perturbación en el comercio”, señalan en la misiva.

Agregan que a esto se suma una excesiva carga administrativa por las exigencias en geolocalización y trazabilidad, certificaciones y trámites aduaneros.

Todas estas normas y reglas generarán altos costos para los países exportadores e importadores, y pueden terminar siendo asumidos especialmente por los productores.

“Consideramos que la legislación, por sí sola, no tendrá ningún impacto positivo en las tasas de deforestación e incluso puede producir otros efectos adversos, como aumento de la pobreza, desvío de recursos y obstáculos para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, señalan.

Llaman la atención en el sentido que los más vulnerables ante este reglamento sobre el comercio libre de deforestación son los pequeños agricultores y necesitan un apoyo especial. Esta preocupación se extiende a las reglamentaciones ambientales que la Unión Europea prepara en el marco del denominado Pacto Verde y la estrategia de la Granja a la mesa.

Le piden a la Unión Europea reconocer los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para avanzar en prácticas de sostenibilidad, así como los desafíos que enfrentan para acceder a programas de financiamiento, nuevas tecnologías, capacitación y asistencia técnica.

“Los pequeños agricultores pueden terminar siendo excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras sino por su incapacidad de demostrar que cumplen con los estrictos requisitos impuestos por el reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. Esto privaría injustamente a los pequeños agricultores de una importante fuente de ingresos y medios de vida, e incluso afectaría su capacidad para adoptar prácticas sostenibles”, plantean en la carta.

Por eso piden, que las normas y actos de implementación de ese reglamento sean claros, detallados y que incluyan regímenes diferenciados de cumplimiento y debida diligencia para materias primas y productos provenientes de los pequeños agricultores de países en desarrollo. Esto, considerando que a las pequeñas y medianas empresas del bloque europeo se les otorga un trato más flexible.

“Reiteramos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los acuerdos y objetivos ambientales multilaterales”, concluye la carta de los 17 firmantes, incluido el embajador de Colombia en Bélgica, Jorge Rojas Rodríguez.

Entre enero y julio, Colombia exportó a la Unión Europea US$4.424 millones, de los cuales US$1.341,3 correspondieron a bienes no minero energéticos. De esta última canasta, la mayor parte corresponden a productos del agro.