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La Junta Central de Contadores publicó el calendario de cierre de seccionales para lo que resta de 2019. Los cierres comenzaron el pasado 29 de noviembre con las seccionales de Barranquilla, Cali, Medellín y Pereira.

 

Este viernes 13 de diciembre cerrarán las seccionales de Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué y Pasto y el 27 de diciembre lo hará Santa Marta.
 
En caso de que la seccional de su interés se encuentre cerrada, puede solicitar el envío del documento a su domicilio diligenciando el formulario del link habilitado haciendo clic aquí. http://www.jcc.gov.co/entrega-sin-seccional

 

En este caso se entregará en la dirección que usted reporte en este formulario, a la persona mayor de edad que la reciba (No obligatoriamente debe ser el Contador Público); dentro de los siguientes 15 días calendario al recibido de la solicitud de envío.

 

Los envíos se realizan los días viernes.  Si por algún motivo no se pueda realizar el envío en dicho día, se realizará el día hábil antes o después.

La Contaduría General de la Nación, CGN, publicó para comentarios el proyecto de Resolución por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

 

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de resolución hasta el 12 de diciembre de 2019. Para conocer el documento completo, haga clic aquí.

 

El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, José Andrés Romero Tarazona y el Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, firmaron un convenio interadministrativo que permitirá a la DIAN acceder a la información contenida en las bases de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI) y al Sistema de Información de Registro Civil (SIRC).

 

Esto quiere decir, que a través de consulta, la DIAN tendrá certeza de: nombres, apellidos, número de documento de identidad, fecha de nacimiento del ciudadano, fecha de expedición y vigencia de la cédula de ciudadanía de los colombianos que requieran acceder a sus trámites y servicios, inclusive, la fecha y el motivo por el cual se dio de baja el documento, en los casos de cancelación o suspensión de la vigencia.

 

Para el caso de los menores de edad, la DIAN tendrá la posibilidad de validar la información pública de estos colombianos a través del Sistema de Información de Registro Civil (SIRC).

 

Para el Director de la DIAN, la firma de este convenio es motivo de satisfacción y muestra de la cooperación y trabajo interinstitucional. “El tener acceso a los datos de identidad de los colombianos, nos permitirá hacer un mejor seguimiento, y con mayor precisión, detectar a los dueños de bienes y, o cuentas en el exterior que están siendo omitidos o no declarados ante la administración tributaria"

 

Agregó además que, “tener la fecha de nacimiento es el dato más estable en el intercambio de información financiera internacional, por lo cual resulta esencial para que no haya errores en la fiscalización de activos en el exterior. Igualmente nos facilita otra serie de labores, como la fiscalización a presuntos evasores de impuestos, y también las acciones de cobro de cartera a morosos".

 

El acceso a las bases de datos que maneja la Registraduría Nacional, representa una fuente de identificación de alta importancia “Estoy convencido de que nuestra función de garantizar a todos los colombianos el derecho a la identificación, debe ir mucho más allá de la expedición de los documentos de identidad. Por eso, facilitamos la suscripción de convenios con diferentes entidades para así favorecer el trabajo interinstitucional y facilitar el acceso de los colombianos a diferentes programas y beneficios que ofrece el Estado", afirmó el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo Vácha.

La ministra del Trabajo Alicia Arango Olmos, instaló formalmente la mesa de negociación del salario mínimo para 2020, integrada por las centrales sindicales, los gremios productivos y el Gobierno Nacional.

 

“Quiero que hagamos de esta negociación un tema cordial, entendiendo la posición de todas las partes. Debemos trabajar para llegar a un punto de encuentro donde las expectativas sean razonables, teniendo en cuenta la situación actual del país y todos los factores que se deben medir al momento de decidir el salario mínimo”, señaló la titular de la cartera laboral.

 

Así mismo, reiteró que el Gobierno Nacional tiene la mayor voluntad para ayudar a los trabajadores. “Hoy empezamos un ciclo muy importante para el país referente al año entrante. Lograr acuerdos es tener voluntad política y depende de todos, por eso les agradezco estar aquí y aportar desde cada uno de sus sectores para lograr un consenso”, agregó.  

 

En este primer encuentro, el Ministerio del Trabajo expuso las cifras sobre mercado laboral, el Ministerio de Hacienda, las cifras de crecimiento económico y el DANE expuso la medición de la productividad, que ya no se realizará a través de estimaciones econometricas, sino que será el producto de la medición oficial que realice el departamento estadístico, con base en cuentas nacionales, de acuerdo con lo estipulado en el plan de desarrollo y con el trabajo preparado por la instrucción durante la última década.  

 

La ministra Arango Olmos explicó que por las inquietudes de algunos integrantes de la mesa con respecto a la metodología que se usó para sacar la cifra de productividad por parte del DANE, hoy en la tarde se sentarán nuevamente los equipos técnicos de las centrales sindicales, gremios y el Gobierno Nacional para dar las claridades del caso.

 

Este viernes 5 de diciembre, continuará la segunda sesión de esta mesa de negociación, donde el DANE y el Banco de la República harán nuevas presentaciones para que el lunes 9 de diciembre, se presenten las primeras propuestas por parte de trabajadores y empresarios.

Con el fin de orientar la política pública hacia el desarrollo y la promoción del mercado de capitales y contribuir en la construcción de un sistema financiero más profundo y eficiente que impulse el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos, el ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera, presentó el libro que contiene las recomendaciones realizadas por la Misión del Mercado de Capitales.

 

Esta es la culminación del trabajo realizado por parte de un grupo de expertos, quienes desde octubre de 2018 realizaron un trabajo juicioso, técnico y dedicado, en donde a través de un proceso participativo realizaron el diagnóstico y priorización de los temas más relevantes para lograr que el mercado de capitales colombiano cuente con las herramientas que le permitan su eficiente desarrollo.

 

El Ministro agradeció especialmente al Banco Mundial y al Gobierno Suizo por el apoyo técnico, financiero y operativo que se le brindó a esta iniciativa a través del Programa Suizo de Cooperación al Desarrollo Económico en Colombia – SECO.

 

De igual manera, Carrasquilla Barrera, destacó el trabajo realizado por los miembros del Comité Directivo de la Misión: Roberto Rigobon, Alberto Bernal, Ricardo De Bedout, Julio Torres, Rodrigo Galarza y Diego Jara., quienes durante diez meses analizaron los elementos institucionales, regulatorios, de estructura e infraestructura que impactan la dinámica y potencial desarrollo  del mercado de capitales colombiano.

 

El texto que hoy se presenta cuenta con tres capítulos, el primero describe el contexto del mercado de capitales, el segundo describe el mercado de capitales en Colombia y el tercero desarrolla las recomendaciones particulares realizadas por los miembros de la misión, las cuales cuentan con una descripción previa del contexto regulatorio y de mercado de cada tema, y posteriormente se realizan propuestas puntuales para implementar en cada caso.

 

El Ministro destacó que “este es uno de los insumos más importantes para continuar construyendo la hoja de ruta que nos permita promover el desarrollo del mercado de capitales, así como plantear una serie de medidas necesarias para que el mismo sea más profundo, líquido, eficiente, diversificado, con más emisores e inversionistas y que esté en constante innovación” puntualizó el jefe de la cartera de finanzas públicas.

 

Para acceder al libro completo, haga clic aquí.

Con varios artículos nuevos y con un importante contenido social, las comisiones terceras del Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron en primer debate la reforma tributaria o Ley de Crecimiento, como la ha denominado el Gobieno.

 

El ministro de Hacienda y Crédito Público encargado Juan Alberto Londoño, pidió no caer en errores en las interpretaciones que se les dan a las medidas introducidas en la ley, por ejemplo, el descuento del IVA en los bienes de capital no se trata de una ‘gabela’ para los ricos, sino para abaratar los costos de producción que tienen los empresarios, desde el más pequeño al más grande.

 

“Yo creo que cuando dicen que estamos dando beneficios tributarios por permitirle al productor, descontar un costo, están diciendo mentiras. Démosle la oportunidad de producir más barato. En el país, el 97% de las empresas son medianas y pequeñas, nosotros tenemos que darle la oportunidad de producir a ellos. Repito: esto no es para los ricos”, expresó.

 

De igual forma, aseguró que esta ley es responsable fiscalmente, teniendo en cuenta que se está generando una senda de crecimiento y unas herramientas de fiscalización como la factura electrónica.

 

“Sin esta reforma perderemos $680 mil millones que se destinaron para vías terciarias en las regiones que generan mayores ingresos, empleos y competitividad para los productores de estos territorios”, señaló.

 

Hay que resaltar que se incluyeron cuatro medidas para avanzar en la reducción de la desigualdad, como la devolución del IVA para el 20% de la población más pobre de Colombia, cerca de 2,8 millones de hogares.

 

La segunda medida, que fue una promesa del presidente de la República Iván Duque para los jubilados que reciben pensiones de un salario mínimo, es reducir gradualmente los aportes a salud del 12% al 4%. En principio, el próximo año se reducirá al 8% y en 2022 al 4%.

 

La tercera medida tiene que ver con la creación de incentivos adicionales a los que generen empleo para los jóvenes entre los 18 y 28 años.

 

Habrá tres días sin IVA al año en los que las familias podrán adquirir vestuario, calzado, útiles, algunas tecnologías, a precios más bajos ya que no tendrán que pagar este impuesto.

 

Londoño Martínez agradeció a los congresistas por el trabajo comprometido y las largas jornadas de discusión en las cuales se escucharon las voces de las bancadas que discutieron y aprobaron en primer debate esta Ley de Crecimiento.

Tras su última reunión, la Junta Directiva del Banco de la República reitera que su meta de inflación de mediano plazo se mantiene en 3%, en un rango entre 2% y 4%.

 

Así mismo, informa que las acciones de política monetaria realizadas hasta el momento son compatibles con la convergencia de la inflación al 3%.

 

La Junta Directiva señala que seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo de la situación internacional, del comportamiento de la inflación, de la actividad económica y de las proyecciones de estas variables y reitera que las acciones de política monetaria están encaminadas a conducir la inflación a la meta del 3% en 2020 en coordinación con la política económica general.

Este lunes 2 de diciembre inicia la obligatoriedad para que 3.453 Grandes Contribuyentes empiecen a emitir Facturas Electrónicas de Validación Previa, es decir, facturar electrónicamente.

 

Así lo informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, al recordar que el calendario de obligatoriedad para factura electrónica, establecido mediante la Resolución 00064 de 2019, arrancó el pasado 1 de noviembre con las actividades de minas y canteras, por ser uno de los sectores económicos con mayores valores facturados, con la menor cantidad de documentos.

 

La DIAN precisó que previo al cronograma establecido por la mencionada resolución, ya 23.533 contribuyentes facturan electrónicamente de manera voluntaria, entre los que están grandes, medianos y pequeños contribuyentes.

 

La entidad advirtió a los compradores que si también son facturadores electrónicos, recibirán la factura electrónica en formato XLM en sus servidores, en su software de facturación o a través de un email. Quienes no tengan la posibilidad técnica de recibir la factura electrónica de las formas antes mencionadas, podrán solicitar a su proveedor la representación gráfica, que es un documento con la información de la factura electrónica, el cual contiene un código QR, con el que el comprador puede consultar la factura en el servicio informático de la DIAN.

 

Los facturadores electrónicos podrán continuar expidiendo los documentos equivalentes a la factura de venta, aunque si un cliente o comprador exige factura, deberán hacer entrega de una factura electrónica previamente validada por la DIAN, en especial, a quienes la necesitan como soporte de costos, deducciones y/o descontables.

 

Es necesario tener en cuenta que cuando un facturador este obligado para hacerlo electrónicamente, si expide tiquete de máquina registradora tipo POS, ese documento no le dará derecho al comprador a crédito fiscal.

 

Se estima que con la entrada de los Grandes Contribuyentes se recibirán y validarán entre 2.5 y 4.5 millones de documentos en promedio diariamente, lo que afianza aún más la consolidación y masificación de la factura electrónica en el país.

Como mecanismo de resocialización y redención de pena dentro o fuera de los establecimientos de reclusión, las personas privadas de la libertad que tengan la opción de trabajar para redimir su condena serán afiliadas a riesgos laborales.

 

Según confirmó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Carlos Alberto Baena López, este jueves durante la socialización de la modalidad, en el Centro Penitenciario de Mujeres en Bogotá, establecida en la Resolución 4020 del 4 de octubre del presente año: “cerca de 35 mil reclusos que ejercen actividades productivas remuneradas, en su condición de población privada de la libertad o en detención domiciliaria se beneficiarán de la medida”.

 

El pago será asumido por las empresas o entidades públicas o privadas que suscriban convenios o contratos con los centros penitenciarios y también realizar su afiliación, cuya fuente de ingresos a partir de su trabajo, no podrá ser inferior a 1 salario mínimo legal mensual vigente”.

 

Aseguró que, el Ministerio del Trabajo inicia las labores en los centros de reclusión, penitenciarios y fuera de ellos, con la finalidad, que las personas privadas de la libertad puedan tener una resocialización durante la vigencia de la pena y como reincorporación a la sociedad.

 

Así mismo, podrán disponer de estos espacios para fortalecer sus competencias laborales y obtener una fuente de ingresos a partir de su trabajo.

 

Es importante aclarar, que las empresas o entidades que contraten personas privadas de la libertad y que apoyen el trabajo en los centros de reclusión, no pagan aportes a salud y pensiones, ni prestaciones sociales como cesantías, vacaciones y prima de servicios, ni reconocimiento de incapacidades temporales por estar la persona privada de la libertad.

La Corte Constitucional expidió la sentencia número C-533 de 2019 luego de reunirse en Sala Plena y mediante voto favorable de los ocho magistrados, da alcance a la sentencia previa número C-145 de 2009. En esta se declaró la exequibilidad del artículo quinto del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008.
 
Previa demanda interpuesta del mencionado artículo por parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos, en la nueva sentencia se aclara que en la sentencia C-145 de 2009 a la que se remite la Corte en este nuevo pronunciamiento, se declaró inconstitucional la expresión “o indirectamente”, porque, se corre el riesgo de hacer destinatarios de las medidas de intervención a terceros de buena fe, como empleados y proveedores que, en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa, o de sus actividades económicas correctas, legítimamente proveyeron bienes y/o servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas.
 
La corte expresa que la decisión se hizo bajo el entendido que “los terceros proveedores de bienes y servicios entre los cuales se hallan revisores fiscales y contadores, que hubiesen procedido de buena fe en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales, no son sujetos de intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades, dado que las actividades y operaciones que esta vigila no puede extender responsabilidad a terceros de buena fe distintos de quienes entregaron recursos, v. gr. empleados y proveedores, que en ejercicio del derecho al trabajo o la libertad de empresa (arts. 25 y 333 Const.), o de sus actividades económicas correctas, legítimamente proveyeron bienes y/o servicios a los captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas.”
 
Tal decisión limita la intervención de Superintendencia de Sociedades patrimonio, bienes y haberes de los contadores públicos y revisores fiscales de entidades intervenidas, asumiendo que eran vinculados directos, y no indirectos.

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