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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, presentó la edición No. 16 del Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento que forma el eje central de la institucionalidad fiscal del país. Este documento se estableció en la Ley 819 de 2003, Ley de Responsabilidad Fiscal, que fue tramitada en su momento por el actual ministro, y se presenta anualmente al Congreso de la República y al país, con el escenario macroeconómico y fiscal que proyecta el Gobierno durante los siguientes 10 años.

 

Crecimiento económico: la apuesta del Gobierno

El ministro señaló durante la presentación del documento que la principal apuesta del Gobierno nacional es por la reactivación del crecimiento económico y la inversión privada. La expedición de la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) constituye el principal elemento de esta estrategia, gracias a la significativa reducción implementada en la carga tributaria empresarial. “Las reducciones que experimentarán a partir de este año las empresas en el costo de invertir, gracias a la Ley de Financiamiento, representarán un importante impulso a la inversión, la generación de empleo y el emprendimiento, con el cual la economía podrá crecer a mayores tasas de forma sostenida”, expuso.

 

Los resultados económicos recientes dan muestra de estos efectos. Al respecto, el jefe de la cartera de Hacienda explicó que el índice de confianza comercial se encuentra en niveles históricamente altos, y que la inversión extranjera directa creció 68% en el primer trimestre de este año. De esta manera, se estima que la economía crecerá 3,6% este año, a pesar de tener un contexto económico global con alta incertidumbre. Esto implica que la economía nacional tendrá un dinamismo significativamente mayor que el promedio de la región (1,4%). Estas perspectivas de crecimiento del país son semejantes a los pronósticos de las entidades multilaterales y el Banco de la República para 2019.

 

La mayor inversión tendrá un impacto importante en las tasas de crecimiento que la economía puede alcanzar de forma sostenida a niveles alrededor del 4,0% en el mediano plazo. Nuestra apuesta es que, por medio de las diversas iniciativas que está implementando el Gobierno, especialmente la Ley de Financiamiento, el crecimiento se acelere de 2,6% el año pasado a una tasa de crecimiento superior a 4,0% hacia 2022”, sostuvo Carrasquilla Barrera.

 

El panorama fiscal está despejado

Posteriormente, el ministro presentó la estrategia fiscal presentada en esta edición del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la cual es consistente con una senda decreciente de déficit fiscal y de deuda pública. En esta estrategia, los ingresos siguen una senda relativamente estable, y mientras que el gasto sigue un ajuste gradual y ordenado, principalmente en intereses y gastos operativos del Gobierno.

 

En primer lugar, expuso el plan financiero de 2019 y 2020, en donde el Gobierno se plantea una meta de déficit fiscal de 2,4% y 2,2% del PIB, respectivamente. “Entre 2018 y 2019, el Gobierno realizará el ajuste más grande en el déficit fiscal desde que existe la Regla Fiscal, de 0,7pp del PIB. El resultado proyectado para 2019 es consistente con un superávit primario de 0,6% del PIB, el primero desde 2012 y el más alto desde 2008. En 2020 también se obtendrá un superávit primario, de 0,7% del PIB, derivado de la reducción del déficit fiscal a 2,2% del PIB. La obtención de estos superávits primarios es fundamental para lograr estabilizar y posteriormente reducir la deuda pública”, explicó Carrasquilla.

 

Luego detalló la estrategia fiscal de mediano plazo, la cual “se basa en alcanzar una meta de superávit primario de 1,0% del PIB a partir de 2021, lo cual asegura una senda decreciente de la deuda pública, alcanzando niveles similares a los observados antes de la caída de los precios del petróleo”.

 

El jefe de la cartera de Hacienda mencionó que, “la reducción total en el gasto ascenderá a 2,3 puntos porcentuales del PIB entre 2019 y 2030, mientras los ingresos tributarios estarán sustentados en los efectos positivos que tendrán en el mediano plazo la Ley de Financiamiento y la implementación de la factura electrónica. En particular, la Ley de Financiamiento incrementará el recaudo debido al mayor crecimiento que generará y al fortalecimiento de la DIAN, con lo cual se evidencia que esta Ley tiene un rol fundamental en asegurar una financiación sostenible de las necesidades de gasto de la Nación”. Así, el Gobierno plantea que no es necesaria la realización de reformas tributarias a futuro, lo cual generará seguridad jurídica en el sector empresarial y potenciará el crecimiento económico y la generación de empleo.

 

La estrategia de ajuste del gasto está basada, por un lado, en una reducción del gasto en intereses soportada en la reducción de la deuda pública. Por otro lado, la disminución en el gasto de funcionamiento e inversión será posible gracias a mejoras en la focalización de los programas sociales, la sustitución de pasivos con alto costo financiero, la priorización en la asignación del gasto eficiente y la eliminación de duplicidades en las funciones de las entidades del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo contiene buena parte de las medidas que van a hacer posible estos ajustes”, comentó el ministro Carrasquilla.

 

Proyectos de APP y Vigencias Futuras

Respecto al límite anual de autorizaciones para comprometer vigencias futuras de proyectos APP, se mantienen los niveles aprobados previamente, incluyendo un año adicional de la siguiente manera: 0,35% del PIB anual para el período 2019 y de 0,4% del PIB en cada año para los periodos 2020 – 2050.

 

Financiamiento 2019

Para la vigencia 2019, se contemplan desembolsos por $46.801 mm, los cuales estarán distribuidos en un 75% en moneda local y en 25% en moneda extranjera. Con esta estrategia, se estima una composición de la deuda de 69% en moneda local y 31% en moneda extranjera al final del año.

 

Las amortizaciones de deuda interna disminuyeron en $6.140 mm frente a lo presentado en el Plan Financiero de febrero de 2019, lo cual responde a los beneficios de la operación de manejo de deuda ejecutada en marzo de 2019. Esta reducción en los usos se ve reflejada en una menor colocación de TES para la presente vigencia. De esta forma, se contemplan colocaciones de Títulos de Tesorería TES por un total de $35.290 mm (3,4% del PIB). De este monto, $21.000 mm se obtendrán a través del mecanismo de subastas en el mercado local, $4.500 mm a través de las inversiones realizadas por entidades públicas y $9.790 mm se utilizarán como mecanismo de pago de obligaciones pendientes. A 31 de mayo de 2019, se han financiado $22.138 mm que corresponden al 63% de la meta de colocaciones.

Por medio de la Resolución 159 del 10 de junio de 2019, la Contaduría General de la Nación incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la agregación de información, diligenciamiento y envío de los reportes de la Categoría información contable pública - Convergencia, a la entidad, a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP).

 

Para conocer la Resolución 159 completa, haga clic aquí.

 


http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/bae219cf-9d02-4443-be30-88ae5727bc51/Resoluci%C3%B3n+159+de+2019.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=bae219cf-9d02-4443-be30-88ae5727bc51

Durante los cinco primeros meses de 2019, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ha cumplido con las metas de recaudo formuladas. En el mes de mayo el recaudo bruto de los impuestos nacionales fue de $15,67 billones, lo que representa un crecimiento del 16.0% en relación con el mismo período de 2018, cuando se registró la cifra de $13,51 billones.

 

Este comportamiento se explica principalmente por el desempeño del recaudo de Retención en la Fuente a título de renta, que alcanzó la suma de $4,25 billones, representando un incremento de 14.6% en relación con 2018, y una contribución a la variación de 4.0%.

 

De igual manera, se destaca el desempeño del recaudo de los tributos asociados a la actividad económica externa, que, para el período observado, mostró un aumento del 22.2% en relación con 2018, en el que se recaudaron $1,78 billones mientras que en 2019 fueron $2,18 billones.

 

El 78.4% del recaudo bruto obtenido en el mes de mayo se concentró en tres conceptos: IVA con el 37.3%, Retención en la Fuente a título de Renta con 27.1% y tributos aduaneros con el 13.9% de participación.

 

Enero - Mayo
En el período enero - mayo de 2019 se obtuvo un recaudo bruto de $67,87 billones, lo que representa un crecimiento del 10.4% frente al mismo período de 2018, en el que se alcanzaron ingresos por $61,49 billones.

 

Este desempeño obedece al comportamiento del recaudo por Retención en la Fuente a título de Renta, por valor de $21,33 billones que comparado con el mismo período de 2018, en el que se lograron $19,08 billones, representa un incremento del 11.8% y una contribución de 3.7% a la variación. Es decir, que de los 10.4 puntos porcentuales en los que aumentó el recaudo en el período observado, estas retenciones explican 3.7 puntos porcentuales.

 

En segundo renglón, se ubicó el crecimiento del recaudo por concepto de tributos aduaneros, mostrando un incremento de 19.4% con respecto al mismo período de 2018, en el que se logró un recaudo de $8,48 billones mientras que en 2019 fue de $10,13 billones, y una contribución a la variación de 2.7%.

 

De manera agregada, se resalta que el recaudo bruto de los tributos asociados a la actividad económica interna alcanzó la cifra de $57,74 billones, que representa una variación nominal de 8.9% frente al 2018 en el que ingresaron $53,0 billones.

 

Recaudo por Gestión
En la última semana de mayo, se llevó a cabo la quinta jornada “Al día con la DIAN le cumplo al país", en cuyo desarrollo se adelantaron acciones del Plan de Cobro que permitieron la gestión de $5.02 billones por concepto de cobro y $33.886 millones por acciones de fiscalización.

 

En esta jornada fueron convocados 53.358 contribuyentes con obligaciones en mora por $1.7 billones con la DIAN, para que aprovecharan los beneficios determinados por la Ley 1943 de 2018.

 

Es importante resaltar que en desarrollo del Plan Nacional de Cobro, durante las jornadas adelantadas en el año 2019, se ha logrado recaudar $5,02 billones por concepto de recuperación de cartera, que comparado con el mismo período de 2018, en el que se recaudaron $3,85 billones, representa un crecimiento del 30.3%.

Con el fin de verificar la legalidad de la compra y venta de divisas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, ejecutaron en los últimos días acciones que permitieron detectar el ocultamiento de divisas, no justificadas, y sin los soportes de su legal comercialización.

 

Los operativos se adelantaron en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, dando como resultado la retención de: 1.600 libras esterlinas, 576.093 dólares americanos, 18.290 euros y 185 millones de pesos colombianos, para un total de $1.674 millones.

 

Además, en Bogotá se capturó una persona, quien tenía en su poder una maleta que contenía dólares, que al momento de la diligencia pretendió evadir a las autoridades. Se presume que este ciudadano trabaja para establecimientos ilegales dedicados a la comercialización de divisas, distribuyéndola en pequeñas cantidades en locales dedicados a esta actividad para evitar que estos fueran sancionados.

 

Es de anotar que este ciudadano deberá responder ante las autoridades competentes por el presunto delito de lavado de activos, conducta que impone una pena entre 15 y 30 años de prisión.

 

Cabe resaltar que las personas naturales y jurídicas que incurran en estas actuaciones irregulares deberán asumir procesos administrativos ante la DIAN por el incumplimiento de las operaciones de cambio, según lo estipulado en el Decreto 2245 de 2011 artículo 3.

 

En lo corrido del presente año, la POLFA en coordinación con la DIAN, ha capturado 2 personas en controles posteriores desarrollados en los aeropuertos internacionales Ernesto Cortissoz de Barranquilla y Alfonso Bonilla Aragón de Cali en vuelos provenientes de Panamá y España. Estas personas pretendían ingresar las divisas al país burlando los controles ejercidos por las autoridades.

 

De otra parte, en acciones desplegadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, se han retenido un total de 441.675 dólares americanos y 29.987 euros equivalentes a $1.510 millones.

 

Estos resultados fueron logrados en desarrollo de la estrategia contra el contrabando y el comercio ilícito de divisas, mediante acciones de control integrales para contrarrestar el lavado de activos y la evasión fiscal.

Colombia no fue incluida en la lista definitiva de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT sobre trabajo forzoso y trata de personas, anunció desde este país europeo donde se encuentra, la titular de la cartera laboral, Alicia Arango Olmos. “Ello implica que el país no fue llamado a rendir informes en La Conferencia Internacional del Trabajo” que se celebra del 10 al 21 de junio en esta ciudad suiza y que reúne a delegados tripartitos de 187 países, explicó la Ministra.

 

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia es un órgano tripartito, compuesto por gobiernos, trabajadores y empleadores que selecciona a los Estados a través de sus representantes oficiales, quienes son invitados a responder ante este organismo respecto del cumplimiento de los convenios internacionales del Trabajo, ratificados por los gobiernos.

 

La selección de casos, se realiza de acuerdo con el informe anual de la Comisión de Expertos. En el caso de Colombia el informe se refiere al Convenio 29 sobre el trabajo forzoso.

 

“Este es un logro de Colombia, cuyo Gobierno viene trabajando de manera consistente y eficaz contra estos delitos, garantizando los derechos humanos y el empleo digno y decente”, destacó la ministra Arango Olmos.

 

En Colombia es considerado como delito penal el trabajo forzoso y está proscrito por la Constitución Política. “Para nuestro país la trata de personas es un fenómeno de naturaleza y efectos globales que deriva en flagrantes violaciones a los derechos humanos, razón por la cual, el Gobierno Nacional reafirma su total rechazo a este fenómeno delictivo y reitera su decidido compromiso de enfrentarlo de manera integral”, afirmó la jefa de la cartera laboral.

La Superintendencia Financiera y Banca de las Oportunidades presentaron el Reporte de Inclusión Financiera - RIF - 2018, en el que además de medir los avances del país, se identifican las prioridades y objetivos estratégicos para lograr que más colombianos se beneficien de productos y servicios financieros seguros, confiables y que respondan a sus necesidades.

 

En 2018 Colombia alcanzó nuevos hitos en materia de inclusión financiera. Tal es el caso de los indicadores de cobertura financiera en los que se alcanzaron los 465 puntos de acceso por cada 100 mil adultos, es decir, 91 puntos más que en 2017, manteniendo además la cobertura universal en los 1.102 municipios del territorio.

 

De esta manera, el indicador de inclusión financiera pasó de 80,1% en 2017 al 81,4% al cierre de 2018, lo que equivale a un total de 28 millones de adultos con acceso a por lo menos un producto financiero en el país.

 

La digitalización de productos y servicios financieros ha contribuido significativamente al aumento registrado en el indicador de inclusión financiera. Este comportamiento se evidencia en que, por primera vez, las transacciones financieras realizadas a través de internet (3.151 millones) superaron a las de las oficinas (551 millones), tanto en número como en monto ($2.798 billones en internet frente a $2.691 billones en oficinas).

 

En esta octava versión del Reporte de Inclusión Financiera se destaca además la entrada en funcionamiento de la primera Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos – SEDPE -, que facilita y simplifica la recepción de dineros del público mediante el depósito electrónico y la prestación de servicios como pagos, transferencias, giros y recaudos.

 

Estos logros permitieron que en 2018 Colombia continuara liderando el escalafón mundial del Microscopio Global que realiza The Economist Intelligence Unit para evaluar el ambiente para la inclusión financiera en 55 países y se consolidara como el tercer ecosistema Fintech, de acuerdo con Finnovista.

 

Retos en materia de inclusión financiera
Si bien el país ha mostrado importantes avances, persisten dos grandes retos. Por un lado, vincular financieramente a 6,3 millones de adultos colombianos, es decir, un 18,6% del total de la población mayor de edad del país. Igualmente, se requiere incrementar el nivel de uso de los servicios financieros, ya que para 2018 el 84% de los adultos con productos financieros los tenían activos o vigentes.

 

Las brechas en el acceso a productos financieros se evidencian en la medida en que aumenta la ruralidad de los municipios, de modo que mientras el indicador de inclusión financiera promedio fue de 88,7% para las ciudades y aglomeraciones, para los municipios rurales dispersos dicho indicador fue de 55,4%. Igual rezago se observa entre los jóvenes o centennials (18 a 25 años), cuyo indicador de inclusión financiera fue de 57,3%, frente al de la población entre los 41 años y los 65 años o baby boomers, en el que se registró un 89,1%.

 

Son justamente estos segmentos de la población en los cuales se enfocan los esfuerzos de la estrategia gubernamental con el fin de ampliar la profundización financiera entre los jóvenes, las mujeres y la población rural.

 

Por género, el 80% de las mujeres adultas del país tenía acceso a al menos un producto financiero, en comparación con el 82,6% de los hombres. La mayor brecha se observó en el nivel de los desembolsos de créditos, en el que los montos promedio de los préstamos otorgados a mujeres fueron inferiores al de los hombres.

 

A 2018, el 20% de los municipios con los niveles de pobreza más bajos registraron un indicador de inclusión de 86,3% en contraste con el 20% de los municipios con mayor pobreza este indicador fue de 59,2%.

Se llevó a cabo la tercera sesión de las cinco mesas de trabajo creadas por la Superintendencia de Sociedades para estudiar el articulado del proyecto de ley que será presentado ante el Congreso para reformar el Régimen General de Sociedades y el Régimen de Insolvencia.

 

En esta oportunidad la discusión se centró en temas como: la confección del inventario de liquidación, funciones del liquidador y todo el proceso con los acreedores.

 

"El objetivo es hallar mecanismos idóneos para que el proceso pueda surtirse de una manera rápida y eficiente, con límites de tiempo, pero siempre protegiendo tanto a los inversionistas como a los acreedores durante el proceso. El objetivo no necesariamente es llegar a un acuerdo, sino que queden expuestos los puntos principales para que después en la regulación final, tengamos en cuenta todos esos puntos de vista", afirmó el Delegado de Asuntos Económicos y Contables, Ricardo Molano, presidente de la mesa #4 donde se discuten temas de disolución, liquidación, sociedades fachadas y afines. En esta mesa participan representantes de Asobancaria, de firmas de contaduría, académicos y abogados con experiencia en temas de disolución y liquidación de compañías.

 

"La asistencia ha sido mayor de la que esperábamos, nos han enviado no solamente sus comentarios por correo y han estado haciendo preguntas y sugiriendo otros temas, sino aquí en vivo y en directo las participaciones han sido muy positivas, distintas opiniones, opiniones encontradas, pero todas muy respetuosas y aportando sobre todo para el mejoramiento del proyecto", aseguró el Delegado para Inspección, Vigilancia y Control, Carlos Gerardo Mantilla, presidente de la mesa #2 donde se discuten temas de accionistas y afines.

 

En el próximo encuentro esta mesa discutirá temas procesales y de responsabilidad de accionistas, que buscan la flexibilización de las sociedades unipersonales y las empresas unipersonales, de manera que se puedan reducir algunos requisitos de funcionamiento.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 55, 126-1, 126-4, 206, 206-1, 235-2, 383, 387 y 388 del Estatuto Tributario y se modifica, adiciona y sustituyen artículos del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”, el cual reglamenta la retefuente a rentas de trabajo en personas naturales.

 

La entidad recibirá comentarios hasta el 19 de junio.

 

Para conocer el proyecto de decreto completo, haga clic aquí.

Las empresas de la industria cosmética de los países que integran la Comunidad Andina, CAN, podrán comercializar sus productos con mayor facilidad en la región, gracias a la armonización de la regulación en materia de productos cosméticos que permite tener requisitos y procesos comunes en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.


Después de cuatro años de trabajo entre las autoridades sanitarias de los socios de la CAN, se actualizó el marco normativo comunitario de los productos cosméticos, protegiendo la salud y facilitando la comercialización de estos bienes.

Con esta armonización se logró conseguir procesos más ágiles y la eliminación de aquellos requisitos innecesarios, como la autorización del fabricante y el Certificado de Libre Venta que se exige solo a los productos importados.

En la adopción de esa norma participaron los ministerios de Comercio y de Salud, las autoridades nacionales en regulación sanitaria y el gremio cosmético de los cuatro países. Además, contó con la opinión de la OMC y la FDA.

Un total de 15.353 certificados fitosanitarios en tiempo real ha intercambiado Colombia con sus socios de la Alianza del Pacífico (Chile, México y Perú) desde que las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) empezaron su proceso de interoperabilidad en junio de 2016. Este corte es hasta marzo de 2019.


Durante un seminario que adelantaron el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia para celebrar el Día de la Alianza y el tercer año de entrada en vigor del protocolo comercial del mecanismo de integración, la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, señaló que uno de los avances en materia de comercio exterior ha sido el intercambio de los certificados fitosanitarios, lo que se traduce en ahorros de tiempo, de papel y de recursos para los empresarios, así como en agilidad y facilidad en el proceso.

Otro de los logros está relacionado con la cooperación regulatoria para productos cosméticos, suplementos alimenticios, farmacéuticos y dispositivos médicos. Esto significa más facilidad a la hora de intercambiar estos bienes entre los países. En la actualidad se negocia un anexo para productos de aseo doméstico.

Los cuatro países también han adelantado trabajos para la promoción de las pymes y de la innovación. Las agencias de innovación de los países del mecanismo trabajan juntas -crearon recientemente la Red de Agencias de Innovación y Emprendimiento de la Alianza-.

Igualmente, se crearon la Red de Aceleradoras de Negocios (para emprendimientos y empresas de base tecnológica) y la Red de Inversionistas Ángeles.

“Son muchos los avances y logros de este bloque de integración que busca alcanzar el crecimiento sostenido de las economías de estos países, el desarrollo, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos”, dijo la Viceministra quien recordó que la Alianza del Pacífico representa el 41% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe y atrae el 37% de la inversión extranjera directa que llega a la región.

En 2018 Colombia exportó a la Alianza del Pacífico US$3.993 millones lo cual significó un crecimiento del 7,6%.

En bienes no minero – energéticos, las exportaciones a este bloque sumaron US$2.302 millones y crecieron 0,5%. Productos como automóviles de turismo, azúcar, polipropileno, preparaciones de belleza, insecticidas y aceite de palma, entre otros, se despachan a la Alianza.

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