La Unidad Administrativa Especial Junta Central de informó que los servicios propios de la ciencia contable definidos en el artículo 2º de la Ley 43 de 1990, solo deben ser presentados por Contadores Públicos o entidades debidamente inscritas ante la junta.

Esto debido a que están circulando por las redes sociales mensajes de preparación de declaraciones de renta auspiciadas, entre otras, por algunas entidades bancarias.

Al respecto esta Entidad cuenta con mecanismos para que la ciudadanía en general, antes de contratar los servicios relacionados con la profesión contable, pueda verificar el respectivo registro profesional.

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En el primer semestre de 2019 se crearon en Colombia 178.844 unidades productivas, 4,2% más que en el mismo periodo de 2018, cuando se ubicaban en 171.661.

Así se desprende del informe de Dinámica de Creación de Empresas elaborado por Confecámaras con base en la información del Registro Único Empresarial y Social – RUES, de las 57 Cámaras de Comercio del país.

Del total de unidades registradas, 77,0% corresponden a personas naturales y el 22,9% a sociedades. La creación de sociedades presentó un comportamiento bastante positivo, aumentando 13,7% respecto a 2018 al pasar de 36.042 a 40.987. Por su parte, las matrículas de personas naturales pasaron de 135.619 a 137.857, lo que representa una variación de 1,7%.

El aumento en la creación de empresas es un indicador muy importante para el país que revela la confianza de los empresarios que están apostando a generar nuevas oportunidades de negocios, inversión y servicios para los colombianos, lo cual se refleja además en el crecimiento significativo en la creación de sociedades”, explica Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras.

Las Cámaras de Comercio, en alianza con el Gobierno Nacional trabajan para que las empresas sean más productivas, se fortalezcan y lleguen a nuevos mercados con programas como Fábricas de Productividad, Alianzas para la Innovación, Ventanilla Única Empresarial e Iniciativas Clúster, para impactar positivamente en el desarrollo de las regiones”, afirmó el Presidente de Confecámaras.

Las actividades económicas con mayor número de nuevas empresas creadas se encuentran en los sectores de comercio al por mayor y al por menor, alojamiento y servicios de comida e industrias manufactureras. Asimismo, la mayor concentración de empresas creadas por tamaño se presenta en las microempresas (99,7%), seguido por las pequeñas empresas (0,3%).

Economía Naranja
Con respecto a las actividades asociadas a la Economía Naranja, se encontró que durante el primer semestre del 2019 se crearon 5.014 empresas, comparadas con las 4.582 que se crearon durante el mismo periodo del 2018, lo cual representa un crecimiento de 9,4%.

Dentro del total de empresas creadas en Colombia durante el primer semestre del 2019, el 2,9% corresponden a actividades asociadas a la Economía Naranja.

Las actividades asociadas a la Economía Naranja corresponden a los 32 Códigos CIIU (Actividad económica) de inclusión total publicados en el Primer Reporte de Economía Naranja publicado por el DANE en el mes de mayo de este año.

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En un fallo reciente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaro que es nulo el artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013 del municipio de Santiago de Cali, en cuanto fijó la tarifa del impuesto de industria y comercio para los servicios integrales de aseo y cafetería, vigilancia y servicios temporales en el 16% de la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades).

Síntesis del caso: Se anuló el artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, en cuanto a la fijación de la tarifa del impuesto de industria y comercio para los servicios integrales de aseo y cafetería, vigilancia y servicios temporales en el 16% de la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades), por exceder el rango legal de la tarifa previsto en la Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986 para las actividades de servicios. La Sala condicionó la nulidad a que respecto de las actividades de servicios previstas en la norma parcialmente anulada se aplicará la tarifa del diez (10) por mil, -otras actividades de servicios-, prevista en el artículo 8 del mismo Acuerdo.

Problema jurídico: ¿Se ajustó a la legalidad la frase “la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad)”, contenida en el artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013, expedido por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, que fue anulada en la sentencia apelada?

Tesis: “[L]a tarifa establecida en el aparte de la norma demandada (…) debe ser anulada, puesto que la Ley 1607 de 2012, solo autorizó la imposición de una base gravable especial para los servicios ahí descritos. En efecto, conforme al precepto trascrito (artículo 33 de la Ley 14 de 1983), las tarifas del impuesto de industria y comercio que los municipios pueden imponer a sus contribuyentes para las actividades comerciales y de servicios deben estar en el rango del dos (2) al diez (10) por mil. Teniendo en cuenta que la obligación tributaria en el impuesto de industria y comercio es ex-lege, los presupuestos para su nacimiento son imperativos y requieren la correspondencia y coincidencia, entre otros elementos, de la tarifa determinada dentro del rango prescrito por la ley. En ese orden, como la facultad impositiva del municipio de Cali se restringe por lo dispuesto en la ley, es claro que la entidad territorial, al momento de fijar la tarifa del impuesto de industria y comercio para las actividades descritas en el artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013, debió respetar los límites impuestos por el artículo 33 de la Ley 14 de 1983, en concordancia con el artículo 196 del Decreto 1333 de 1986. En suma, el municipio solo podía imponer una tarifa dentro del rango del dos (2) al diez (10) por mil para los servicios de aseo y cafetería, de vigilancia y de servicios temporales. En consecuencia, debido a que el aparte de la norma acusada expedida por el Concejo Municipal de Santiago de Cali gravó los mencionados servicios con el impuesto de industria y comercio a la tarifa del 16% en la parte correspondiente al AIU, sin tener en cuenta los rangos fijados por la ley, resulta evidente que el precepto demandado trasgredió el ordenamiento superior al cual debió ajustarse, lo que lleva a declarar la nulidad parcial, en cuanto a la tarifa se refiere. Comoquiera que la anulación de la tarifa en cuestión (16%) deja desprovisto de ese elemento al gravamen, se declarará la nulidad de la misma, condicionada a que respecto de las actividades de servicios previstas en el citado artículo 7 del Acuerdo 0357 de 2013 del Concejo Municipal de Santiago de Cali se aplicará la tarifa del diez (10) por mil, «otras actividades de servicios», prevista en el artículo 8 del mismo acuerdo”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 19 de marzo de 2019, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, radicación: 76001-23-33-000-2014-00464-01 (21896).

“Las zonas rurales son una prioridad para el Ministerio del Trabajo y para el sector trabajo”, así lo reiteró la ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, durante su participación en la Cumbre de Ministros por el Campo, en el marco de Agroexpo 2019, en Corferias.

Resaltó: “que el 44% de los trabajadores en el campo que no ganan 1 salario mínimo están desprotegidos. Es decir, entre menos se gana, menos derechos y esto trabajadores tiene que correr con el pago de protección social”.

Por ello, el Gobierno del presidente Duque está interesado en que estos trabajadores tengan una protección social con acceso a los servicios de salud y protección para la vejez a través del piso de protección social. “Esto significa, que un trabajador en el campo tendrá la posibilidad, que su empleador, le consigne mensualmente el 15 por ciento de su salario para protección social, y adicionalmente, el gobierno le otorga el 20 por ciento sobre lo ahorrado, para que pueda tener una vejez tranquila”, aseguró.

Así mismo, podría ahorrar voluntariamente a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y así ir aumentando el ahorro para la sostenibilidad de su vejez. Esto es relevante en el sector rural, dada la estacionalidad de las actividades agropecuarias.

También la ministra Arango, resaltó que se debe aumentar la formalización para que haya protección social: “estamos construyendo un sistemas más equitativo y que tengan la oportunidad de formarse con pertinencia, es decir, capacitarlos de acuerdo a las necesidades de las empresas y para que puedan acceder a los mercados y tener un ingreso sostenible”.

En la cumbre de ‘Ministros por el Campo’, organizada por la cartera de Agricultura, participaron siete ministros del gabinete del presidente Iván Duque, que de alguna manera tienen que ver con el sector rural y quienes presentaron el trabajo integral y articulado del gobierno para transformar el campo, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, hablaron sobre los retos y desafíos en materia laboral, de seguridad, agrícola, educación, transporte, comercio y de tecnologías.

La titular de la cartera laboral, finalmente hizo un llamado para eliminar el trabajo infantil en el campo: “el trabajo no es cuestión de niños”. Manifestó que en sectores de la palma y de flores se adelantan acciones para disminuir el trabajo de menores en el campo.

Agregó que el programa Colombia Mayor actualmente atiende más de 1 millón 500 mil beneficiarios, de los cuales 500 mil son del campo y puntualizó: “estamos haciendo un aumento significativo para el año 2020 para que cuenten con una ayuda del Estado”.

La ministra finalmente precisó: “estamos adelantando conversaciones con la Cajas de Compensación Familiar para que los trabajadores del campo y sus familias pueden recibir los beneficios de recreación y capacitación”.