Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera de Colombia presentaron el séptimo Reporte de Inclusión Financiera (RIF) con información correspondiente a 2017, en el que se destacan importantes avances de los indicadores de inclusión financiera durante los últimos años como resultado de las políticas, estrategias y programas del Gobierno Nacional y del sistema financiero.

Así, luego de alcanzar la cobertura del 100% de los municipios del país en 2015, los indicadores de acceso han seguido mejorando. Entre 2015 y 2017 se pasó de tener 1.322 a 1.574 puntos de acceso por cada 100 mil habitantes y se redujo el número de municipios de cobertura frágil (sin sucursales financieras o sólo con 1 ó 2 corresponsales) de 52 a 3, profundizando así la presencia del sector financiero en todo el territorio nacional.

Otro avance importante es que el indicador de inclusión financiera se ubicó en 80,1% en 2017 (vs. 76,3% en 2015). Los tres departamentos con el indicador más alto fueron Casanare (96,1%), Bogotá D.C. (96%) y Santander (89,1%). Por género, el indicador de inclusión se ubicó en 81,0% para los hombres y 79,1% en el caso de las mujeres.

Por rango de edad se observó que mientras para los adultos de entre 26 y 40 años y de entre 41 y 65 años el indicador se ubicó en niveles altos del 87,8% y 88,3%, respectivamente; para los adultos jóvenes entre los 18 años y los 25 años el indicador fue del 53,9%.

Se destacó también el crecimiento en el número de adultos con productos activos o vigentes. De los 27,1 millones de adultos con productos financieros, 23,2 millones los usaban, lo que equivale al 85,6% de la población con productos y al 68,6% de los adultos del país (vs. 64,5% en 2015).

La cuenta de ahorro sigue siendo el producto con mayor penetración entre los colombianos y ha sido tradicionalmente la puerta de entrada al sector financiero, dinamizando así los indicadores de inclusión. En 2017 había 25,2 millones de adultos con al menos una cuenta de ahorros (74,6% de la población adulta) y 59,3 millones de cuentas, las cuales representaron un aumento de 8,2% frente al número de cuentas de ahorro en 2016.

Por otro lado, los productos de depósitos basados en la telefonía móvil, creados para promover la inclusión financiera, también tuvieron un crecimiento importante. En 2017 se llegó a más de ocho millones entre depósitos electrónicos y cuentas de ahorro electrónicas (CAE), la mayoría de éstas en manos de mujeres.

Con relación al microcrédito, que es uno de los principales vehículos que contribuyen a la inclusión financiera, se destaca que durante 2017 los desembolsos alcanzaron los 2,2 millones de créditos, 2% más que en 2016. Las mujeres recibieron el 56% de estos desembolsos, los hombres el 43% y las empresas el 1%.

Algunas cifras del Reporte de Inclusión Financiera (oferta)

• 1,1 millones de adultos ingresaron por primera vez al sistema financiero.
• Cerca de 27,1 millones de colombianos mayores de 18 años cuentan con al menos un producto financiero.
• El número de municipios con cobertura financiera frágil (sin sucursales o sólo con 1 ó 2 corresponsales) se redujo significativamente: pasó de 52 en 2015 a 34 en 2016 y a 3 en 2017.
• El indicador de inclusión financiera se ubicó en 80,1%.
• De los 27,1 millones de adultos con productos financieros, 23,2 millones los usan activamente.
• La cuenta de ahorro sigue siendo el principal vehículo de entrada al sistema financiero: ingresaron 870.101 adultos a través de este producto.
• La mayoría de adultos con productos financieros -cerca de 11 millones- se encontraban entre los 41 años y los 65 años.
• 76% de los adultos del país tenía al menos un producto de depósito (cerca de 26 millones de colombianos).
• La cuenta de ahorro fue el producto con mayor penetración: 25,2 millones de adultos.
• Cerca de 15 millones de personas contaban con un producto vigente de crédito.
• 9,2 millones de adultos tenían al menos una tarjeta de crédito.
• Cerca de 8 millones de adultos contaban con un crédito de consumo vigente.
• 3,3 millones de adultos tenían un microcrédito vigente.
• El 87,2% de los adultos que tenía algún producto financiero (19,8 millones) residía en las ciudades.
• En los municipios intermedios el indicador de inclusión financiera se ubicó en 70% (3,9 millones de adultos) y en los municipios rurales y rurales dispersos en 65,1% (2,2 millones de adultos) y 54,7% (1,2 millones de adultos), respectivamente.
• Por género, el 50,7% de los adultos con al menos un producto financiero correspondió a mujeres (13,7 millones) y el 49,1% a hombres (13,3 millones).
• Los adultos entre los 26 años y los 40 años tenían el indicador de inclusión financiera más alto con el 87,8%.
• 935.880 empresas contaban con al menos un producto financiero formal. El producto financiero con mayor penetración entre las empresas colombianas fue la cuenta de ahorro: 641.227 tienen este producto.
• Existen 532.138 puntos de acceso al sistema financiero: 403.512 datáfonos, 105.104 corresponsales bancarios, 15.709 cajeros automáticos y 7.813 oficinas.
• Internet continuó siendo el canal de mayor participación en número de transacciones con 2.574 millones de transacciones.
• El canal que presentó la mayor dinámica positiva en número de transacciones realizadas al cierre de 2017 fue la telefonía móvil, con un aumento de 67,6% frente a 2016.
• En seguros para la inclusión, el 29,7% de la prima mensual a pagar por el asegurado tuvo un valor inferior a $20.000.
• Los canales con mayor crecimiento de asegurados fueron las empresas de servicios públicos y los medios electrónicos, dispositivos móviles e internet.
• Las entidades vigiladas y defensores del consumidor financiero recibieron 1.261.593 quejas, un 2% menos con respecto a 2016, la mayoría de ellas se asocia con tarjetas de crédito y cuentas de ahorro.
• Hubo un incremento en el número de demandas en contra del sistema financiero en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño y Quindío.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció el final de la etapa de negociación de un acuerdo con Japón con el fin de evitar la doble tributación. “Este tratado va en la misma línea de los que ya hemos firmado con otros países de la OCDE como Francia, Reino Unido e Italia”, aseguró el ministro, quien aprovechó para destacar las buenas relaciones entre las dos naciones.

Cárdenas explicó que la doble tributación internacional se presenta cuando dos estados le cobran impuestos similares a un mismo contribuyente en relación con un mismo hecho o transacción. El caso más común es cuando una persona realiza una actividad económica en otro estado distinto a aquel donde reside y queda sometida al pago de impuestos en ambos lugares.

La doble tributación –aseguró el ministro Cárdenas- desestimula la inversión extranjera en los países. Es por eso que muchos estados, incluyendo Colombia, han decidido ofrecer alivio por medio de acuerdos bilaterales que buscan eliminarla, mediante la designación del estado que tiene la potestad de gravar las distintas rentas y la tarifa máxima a la que se pueden tasar esos tributos. “Esto, otorga mayor certeza jurídica a los inversionistas de ambos países en cuanto a las reglas aplicables en materia tributaria a sus inversiones y actividades”, explicó el titular de Hacienda.

En el caso del convenio con Japón, los fondos de pensiones pagarán 0% sobre los dividendos; 5% cuando el beneficiario de esos dividendos sea una sociedad que posea, al menos, el 20% de la firma que paga los dividendos y 10% en todos los demás casos; igualmente, se le aplicará un 15% a los dividendos que distribuyen las sociedades colombianas con cargo a utilidades que no estuvieran gravadas en cabeza de la empresa que distribuye los dividendos.

Cuando se trate intereses, se aplicará una retención en la fuente del 0% cuando el beneficiario sea alguno de los dos estados; 0%, si se trata de un fondo de pensiones reconocido y 10% en los demás casos. En el caso de las regalías, un 10% cuando se trate de pagos por explotación de propiedad industrial o intelectual y 2% en los pagos por el uso o el derecho a usar equipos industriales, comerciales o científicos.

Finalmente, en relación con las ganancias de capital, se han pactado las mismas condiciones que se encuentran en los tratados que el estado colombiano ha firmado con otros países europeos, por lo cual, por regla general, estas ganancias se grabarán en el país de residencia del inversionista. Sin embargo, la enajenación de acciones estará gravada en el país de la fuente (país receptor de la inversión) si el valor de éstas se deriva en más de un 50% de bienes inmuebles ubicados en el país receptor de la inversión o cuando el enajenante de las acciones haya tenido una participación mayor al 10% del capital de la sociedad.

Adicionalmente, destacó el ministro Cárdenas, el acuerdo incluye una serie de disposiciones destinadas a luchar contra el uso abusivo de los tratados con el fin de eludir o evadir impuestos, lo que se conoce como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) entre las que se destacan una cláusula que especifica que si una transacción o estructura tiene como uno de sus objetivos principales sacar ventaja de este convenio se negarán los beneficios.

Colombia y Japón se comprometen a intercambiar información entre las autoridades competentes de los dos países con fines tributarios, pero también para ayudar en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, cumpliendo con las condiciones y estándares internacionales sobre la materia.

El ministro Mauricio Cárdenas resaltó la centenaria relación entre los dos países y agradeció al gobierno japonés su constante apoyo a Colombia en aspectos como el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la vinculación de una de las entidades financieras más importantes de ese país, la Sumitomo Mitsui Banking Corporation, como socia de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

Recordó igualmente el ministro Cárdenas que con el gobierno japonés se firmó un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones y se está adelantando un convenio de cooperación económica, que ya ha producido un acuerdo marco de cooperación financiera que permitirá, entre otras cosas, que las entidades japonesas puedan ofrecer en Colombia sus servicios financieros sin restricción alguna.

Cárdenas confió en que estos convenios facilitarán el aumento del intercambio económico entre los dos países. El año anterior, aseguró el ministro, Colombia exportó USD557 millones al Japón e importó USD1.169 millones. “No somos un país mercantilista -anotó finalmente el ministro-. No creemos que debemos tener un superávit en todas nuestras relaciones, pero sí creemos que Colombia tiene pendiente un aumento de sus exportaciones a Japón y estos acuerdos nos van a ayudar mucho con eso”.