Noticias

Noticias (3184)

A 31 de octubre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ha logrado un recaudo bruto de $191.73 billones para la actual vigencia. Esto arroja una variación positiva del 35% en comparación con el mismo período del año anterior y representa un cumplimiento de meta del 108.4%.

Entre enero y octubre, el 74.3% del recaudo estuvo representado por la Retención en la fuente a título de Renta, con una participación de 33.75%, el Impuesto sobre las Ventas con 19.94% y los tributos aduaneros con el 20.61% de participación.

Así las cosas, en este mismo periodo el recaudo por tributos asociados a la actividad económica suma un total de $152,20 billones, mientras lo recaudado por concepto de tributos asociados con el comercio exterior, alcanza los $39,52 billones.

El recaudo bruto de octubre sumó $14.97 billones, lo que representa una variación positiva del 29.4% en relación con el mismo mes de 2021.

Con respecto al desempeño del recaudo en octubre, se resaltan los tres tributos con mayor participación: Retención en la fuente a título de Renta con el 45.99%, tributos aduaneros con el 31.22% de participación, y Gravamen a los Movimientos Financieros con un 6.74%.

Otro aspecto para resaltar son las acciones de fiscalización, que entre enero y octubre arrojaron como resultado un total de $5.92 billones, representados así: $5.07 billones por fiscalización tributaria, $69.2 millones de fiscalización internacional, $670.754 millones por concepto de fiscalización aduanera, y $117.162 millones de control cambiario.

A lo anterior, se suman los resultados de lucha contra el contrabando, que, en aprehensiones, suma entre enero y octubre un total de 36.533 mercancías con un avalúo superior a los $402 mil millones.

Finalmente, como resultado de las acciones de lucha contra la evasión, entre enero y octubre se logró por gestión un total de $27,6 billones, de los que $21.7 billones corresponden a ingresos efectivos y $5,9 billones a gestión de fiscalización.

Conozca el detalle de las cifras de recaudo haciendo clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, durante noviembre adelanta acciones de control que hacen parte de la jornada “Al día con la DIAN, le cumplo al país", en esta oportunidad, enfocadas al sector económico de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, donde 5.954 contribuyentes de dicho sector deben ponerse al día con el pago de sus obligaciones tributarias pendientes, cuya cartera asciende aproximadamente a $1,11 billones.

Después de la revisión y análisis de la información, la entidad determinó que, entre los contribuyentes con mayor cartera morosa de este sector están quienes desarrollan actividades como: telecomunicaciones alámbricas, telecomunicaciones inalámbricas, desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), consultoría informática y administración de instalaciones informáticas, entre otras.

En cuanto a la zona de influencia geográfica y la cartera vencida, el cruce de información arrojó que el 94% de los deudores de este sector se encuentran adscritos a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes (40%) y a las seccionales de Bogotá (36%), Medellín (10%), Cali (6%) y Barranquilla (2%). Adicionalmente, se pudo identificar que, el 47% de los deudores se encuentra catalogado como gran contribuyente, el 52% son personas jurídicas y el 1% restante, son personas naturales.

Con este panorama, la DIAN pone a disponibilidad de estos contribuyentes los diferentes canales de comunicación, de modo que, quienes requieran información del estado del proceso, de cuenta u orientación, puedan ponerse al día o solicitar una facilidad de pago, programando una cita virtual o presencial de acuerdo con la jurisdicción a la que pertenezca.

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta que se acerca la temporada navideña y de eventos sociales y empresariales de fin de año, se adelantará una jornada de fiscalización en todo el país, enfocada principalmente en el control al cumplimiento en la expedición de la factura de venta o documento equivalente y otras obligaciones formales, dirigida a los sectores comerciales relacionados con actividades económicas en las que habitualmente se comercializan bienes o prestan servicios característicos de esta época.

En las visitas de control a los obligados a facturar, las direcciones seccionales verificarán el cumplimiento de las medidas establecidas en la Circular General 007 de 2022 de facturación, cuya finalidad es la de “prevenir la exigencia de requisitos adicionales al adquiriente para la generación y expedición de la Factura Electrónica de Venta".

De otro lado, como parte de los resultados de las acciones contra el contrabando, en lo corrido del año se han realizado 951 aprehensiones de mercancías relacionadas con Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones, por un valor de $12.679 millones. Las direcciones seccionales más representativas, por valor, son: Bogotá – Aeropuerto, Bogotá, Cali, Buenaventura y Medellín.

Para finalizar, con respecto a los resultados de las acciones contra el contrabando y la evasión, en lo corrido del año la cifra de recaudo por gestión alcanza los $27,6 billones, distribuido en $21.7 billones de ingresos efectivos y $5,9 billones por gestión de fiscalización.

Brindar una inspección, vigilancia y control para proteger los derechos fundamentales del trabajo, garantía a un trabajo digno y contribuir a saldar la deuda histórica que tiene el país con las violencias y desigualdad salarial para poner fin a las brechas laborales que viven las mujeres y las personas LGBTI, son las prioridades que tendrá la creación del primer Grupo Élite de Inspección Laboral para las Mujeres.

El lanzamiento tuvo lugar en la Casa de Nariño, presido por el presidente de la República, Gustavo Petro; la vicepresidencia Marcia Márquez y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos.

El Grupo Élite de Inspección Laboral de equidad de género funcionará desde el 1 de diciembre y es un mecanismo que permitirá detectar situaciones diferenciadas que viven las mujeres y personas LGBTI en el ámbito laboral, porque su finalidad, según lo explicó la Ministra Ramírez: “será promover el trabajo de igual valor, igual remuneración, hacer visibles sus violencias y discriminaciones sexuales y de género en el ámbito laboral, así como sus necesidades y demandas específicas en ámbitos formales e informales”.

Atendiendo el compromiso del Gobierno de ´cero tolerancia con la violencia y el acoso´, este grupo estará conformado por mujeres inspectoras y conocedoras de los temas de derechos labores y sensibilidad con el enfoque de género, diferencial y desde una mirada interseccional y regional.

Ramírez Ríos también precisó que los pilotos de inspección con enfoque de género iniciarán desde el próximo 1 de diciembre: “Se hará en los sectores económicos con mayor feminización o donde se ha identificado prácticas machistas y patriarcales contra las mujeres y personas LGBTI, y en espacios formales como empresas e instituciones públicas y donde tenemos trabajadoras informales que han demandado nuestra presencia”.

Dentro de los resultados que se esperan alcanzar con el Grupo Élite están en de la vigilancia, control y sanción del cumplimiento de la normativa en las relaciones laborales con enfoque de género, promocionar el principio de salario igual, por igual trabajo, ayudar a grupos especiales de protección reforzada en el mundo del trabajo desde el enfoque de género y derechos de las mujeres, implementación del registro de violencias contra este género, piloto de protocolo para realizar visitas de inspección a empleadores que se tengan referenciados con buenas prácticas, así como a empleadores que adolecen tener estas prácticas laborales que garanticen los derechos especialmente de mujeres y personas LGBTI.

Efectuar acciones de mejora y comportamientos frente a la población relacionadas con multas, actuaciones administrativas, acciones de inspección – brecha laboral de género, análisis de costo – beneficio de tener trabajadoras, ausentismo por maternidad.

Finalmente, fortalecer a las y los inspectores de trabajo en los instrumentos de protección de los derechos laborales de la mujer, relacionados con normas labores nacionales e internacionales, institucionalizar la inspección con enfoque de género y entregar informes y caracterizaciones sobre las brechas laborales de género en sectores formal e informal para la toma de decisiones de política Pública.

Dato
El Artículo 12, Ley 1257 de 2008 le asigna al Ministerio del Trabajo responsabilidades claras y exigibles para la promoción del reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres; implementación de mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial; el desarrollo de campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral y la promoción del ingreso de las mujeres a espacios productivos no tradicionales.

Un inspector de trabajo y seguridad social según el Decreto 1227 de 2011, es un servidor público del Ministerio del Trabajo del nivel profesional, autoridad administrativa y de policía, cuenta con la función preventiva, coactiva o de policía administrativa, conciliadora, de mejoramiento de la normatividad laboral, de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales del sistema general de riesgos laborales y de pensiones.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, generó mecanismos de facilitación a importadores -usuarios titulares de depósitos de transformación y ensamble, en pro de reducir costos y tiempos en sus operaciones.

De acuerdo con la necesidad y conforme a la normatividad aduanera vigente, se desarrolló un plan de trabajo para permitir que los usuarios titulares de depósitos de transformación y ensamble presentaran la declaración de importación tipo anticipada y la declaración de modificación (por seccional diferente), a través de los servicios digitales, sin que fuera necesario el trámite manual al momento de finalizar la modalidad S140 en el régimen de importación.

La funcionalidad del servicio informático ha sido beneficiosa para los usuarios, redundando en la simplificación de trámites, y además, en la reducción de costos y tiempos, pues los titulares de depósitos de transformación y ensamble pueden obtener el levante de su mercancía en lugar de arribo, sin necesidad de someter a tránsito aduanero su operación, y asumir los costos en que se incurren por este régimen para el traslado de su mercancía al depósito de transformación y ensamble que se encuentra en jurisdicción diferente a la aduana de arribo.

Desde la producción e implementación de este servicio informático en septiembre pasado, la DIAN hace seguimiento a su correcto funcionamiento, esto en colaboración con las empresas que hacen parte del Centro de Excelencia, algunas de las cuales se han registrado para participar en el programa que incentiva el uso de la declaración de importación anticipada. Lo anterior, ha puesto en evidencia el trabajo constante de la entidad para orientar y brindar un servicio satisfactorio a los usuarios.

La DIAN invita a los importadores directamente beneficiados para que inicien e implementen este mecanismo de facilitación, lo cual contribuirá de manera positiva a que la entidad siga identificando oportunidades de mejora en el servicio y el procedimiento aduanero.

Los interesados pueden ampliar esta información a través del buzón: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La Cámara de Representantes dio luz verde la conciliación final de la Reforma Tributaria que pasa a la próxima sanción del Presidente Gustavo Petro.

El cálculo del Gobierno es el recaudo de $20 billones adicionales en 2023 y que aumentará hasta $23 billones, en 2026, con el fin de ser invertidos en las necesidades sociales del país, como los programas para enfrentar el hambre, y hacer inversiones en educación, salud, vivienda, y acueductos para los ciudadanos que hoy carecen de ellos, entre otras.

“Esta reforma hace un gran avance en los programas del Presidente Gustavo Petro. Representa, en primer lugar, una reforma tributaria progresiva; las personas de más altos ingresos pagarán más; lo mismo a través de renta y patrimonio”, declaró el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo Gaviria.

Explicó, en conferencia de prensa, que las empresas simplificarán el régimen de beneficios tributarios, eliminando algunos que generaban inequidades entre sectores productivos, pero al mismo tiempo manteniendo los que tienen un efecto social, en cultura, ciencia y tecnología.

Punto central que se mantiene en la reforma aprobada es la contribución especial y temporal a los sectores del petróleo y carbón, que, dijo el Ministro Ocampo, “permite utilizar parte de sus ingresos extraordinarios por los precios altos a nivel internacional, para financiar el gasto social”.

El sector minero-energético será el aportante mayoritario de recursos. Se impuso una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y carbón, que equivale al 10% en el primer año; 7,5% en el segundo y 5% en el tercero. Además, no podrán deducir las regalías de su impuesto de renta.

Agregó que otra norma aprobada en la reforma es el establecimiento de un régimen tributario para las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y que tendrá un efecto mínimo sobre el costo de vida. “Lo hemos estimado en 0,27% el año entrante, además (entrará en vigencia) desde el primero de noviembre de 2023, esperando a que baje la inflación de manera significativa y con unos efectos de salud a largo plazo”, afirmó.

Los alimentos ultraprocesados tendrán un tributo del 10% a partir de 2023 y se incrementa hasta el 20%, para 2025. El pan, lácteos, el salchichón, arequipe y obleas quedaron excluidos de este gravamen.

“Esperamos que, además, se cambien patrones de consumo y que las empresas que fabrican estos productos empiecen a hacer otros más saludables”, apuntó.

Destacó la imposición de impuestos ambientales para los plásticos de un solo uso y al carbono. Y se aprobó una sobretasa de 3 puntos a las hidroeléctricas y de 5 puntos al sistema financiero.

Otras medidas de la reforma
Ocampo Gaviria detalló que el cambio central al régimen de zonas francas busca promover las exportaciones del país para ir sustituyendo al petróleo como el principal sector de exportación.

El Ministro resaltó la importancia de las normas aprobadas para combatir la evasión tributaria porque es uno de los grandes males del sistema en Colombia. “Es una de sus injusticias evidentes, ya que los que pagamos impuestos sentimos que somos tratados injustamente por aquellos que los evaden”, afirmó.

Habrá cárcel para los evasores de impuestos y se redujo el tope de $ 5 mil a $1 mil millones.

Reiteró que una persona que gane menos de $13 millones mensuales, es decir el 98% de las personas de Colombia, no tendrán efecto alguno en renta ni en patrimonio.

El impuesto al patrimonio será progresivo y por cuatro años. Las tarifas marginales serán a partir de 0,5% para los patrimonios de más de $3.000 millones; 1% para los de más de $5.000 millones y del 1,5% para los de más de $10.000 millones.

Confirmó que se aprobó la exención de $500 millones para la vivienda individual de quienes deban tributar patrimonio.

En cuanto a ganancias ocasionales y herencias, la tarifa se fijó en 15% y quien se gane la lotería tributará el 20%.

Para las zonas francas se determinó que deben establecer con progresividad un plan para incrementar las exportaciones y así mantener los beneficios tributarios que gozan.

No a tasa diferencial de renta para Mipymes
El Ministro Ocampo reiteró que el Gobierno trabajó en conjunto con las bancadas del Congreso para impulsar la reforma al régimen SIMPLE de tributación, que irá en beneficio de la micro, pequeña y mediana empresa del país, y fomentará la formalización tributaria de este sector los próximos años.

Confirmó que el Gobierno consideró como improcedente la propuesta legislativa de crear una tasa diferencial en el impuesto de renta para este sector porque esas tarifas diferenciales son muy difíciles de manejar e, incluso, promueven normas de evasión.

“Por ejemplo, una empresa mediana se divide en varias empresas, a su vez, para utilizar la tasa más baja”, concluyó el Ministro Ocampo.

“Uno de los objetivos de este gobierno es impulsar la inclusión crediticia”. Así lo señaló el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, en desarrollo del encuentro “Perspectivas económicas”, organizado por la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe).

De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, para alcanzar este propósito el sector solidario jugará un papel trascendental que permitirá fortalecer la economía popular.

Agregó que para los próximos años el reto específico es articular una oferta de servicios de financiamiento formales para los micronegocios que no tienen microcréditos vigentes.

Hoy en día Colombia tiene 4,9 millones de micronegocios, de los cuales el 69% no cuenta con microcrédito. En este sentido, la mayoría de los negocios no solicitó créditos el último año porque consideró que no los necesitaba, por aversión al riesgo o porque no cumplía con los requisitos.

Cabe anotar que las principales razones de rechazo, entre los que solicitaron crédito, estuvieron asociadas con la falta de fiador, los reportes negativos y por no contar con historial crédito.

Es así como Ocampo sostuvo que en Colombia hay una diversidad de instituciones especializadas en la colocación de microcrédito y que es por esto que el objetivo del programa de inclusión crediticia del Grupo Bicentenario es incluir a 1 millón de micronegocios en el cuatrienio, lo que representa un incremento del 20%.

Puntualizó que se trata de micronegocios de la economía popular, entre urbanos, rurales y pequeños productores de bajos ingresos.

Durante la instalación de la subcomisión de reforma pensional, el Viceministro encargado de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Hernández, presentó la reforma integral al sistema de protección a la vejez, basada en la propuesta del presidente Gustavo Petro y que cumple con los ejes del Gobierno del Cambio, entre ellos justicia social.

La reforma propuesta que se discutirá en este espacio tripartito, se basará en tres pilares: el pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones y el tercer pilar, para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.

Ante esta propuesta, la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo: “Es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica; lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna, tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”.

Por su parte. Hernández Rojas, agregó: “La reforma está pensada en la solidaridad y como enfoque en los derechos, no en la rentabilidad económica en donde la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema dándole un ingreso solidario y universal a la población”.

Tienen asiento en la subcomisión representantes del sector gremial, de los sindicatos y del Gobierno Nacional.

Durante la sesión también se acordó un próximo encuentro en la última semana del mes de noviembre.

Durante la instalación de la subcomisión que será el escenario donde se construirá a través del diálogo tripartito la reforma laboral que se radicará ante el congreso de la República en la primera legislatura del 2023, se abordaron temas como el desarrollo del artículo 53 de la constitución y la propuesta de cronograma presentada por parte del ministerio del Trabajo, que permita construir la reforma laboral de una manera articulada y teniendo en cuenta las necesidades expresadas por las y los trabajadores durante los diálogos regionales vinculantes que se desarrollan a lo largo y ancho del país, para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

El director de derechos fundamentales del Ministerio del Trabajo, Nicolás Escandón, explicó, que la importancia de la subcomisión para la elaboración de la reforma laboral radica en que se realizará con el apoyo de expertos laboralistas e incluso con asesoría de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.

“Por primera vez nos encontramos con expertos y expertas de las organizaciones sindicales y de los gremios, también del Gobierno Nacional, para construir el documento que guiará la propuesta de reforma laboral a presentarse ante la comisión permanente de concertación de políticas laborales y salariales”, afirmó el funcionario.

Así mismo, Escandón, enfatizó en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la cartera laboral para el desarrollo de lo que será el estatuto del trabajo.

“Este compromiso se hace para cumplir lo que se acordó el pasado 24 de octubre y que tiene como objetivo tener para la próxima legislatura una reforma laboral que recoja las grandes necesidades que tiene sobre el particular el pueblo colombiano”, puntualizó, Escandón.

Se espera que el próximo martes 22 de noviembre, se reúna nuevamente la subcomisión para la aprobación del cronograma y la metodología de trabajo.

El International Accounting Standards Board -IASB- o Junta Internacional de Estándares de Contabilidad emitió recientemente la tercera edición del proyecto de Norma de Contabilidad NIIF para las Pymes. De acuerdo con la entidad emisora se ha abierto un plazo para recibir comentarios sobre la propuesta para el siete de marzo de 2023.

En esta versión se trata de armonizar las mejoras a las NIIF plenas con las normas aplicables a las Pequeñas y medianas empresas desde los principios de simplicidad y pragmatismo en su aplicación. Entre los principales aspectos abordados están el nuevo marco conceptual, la NIIF 13, la NIIF 15, la NIIF 3, la NIIF 9, la NIIF 10 y la NIIF 11.

De acuerdo con el documento oficial, En 2009 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) emitió la primera edición de la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). El IASB mantiene la Norma mediante revisiones periódicas y propone modificaciones a la Norma mediante la publicación de un proyecto de norma global. Al elaborar estos proyectos de norma, considera las Normas NIIF de Contabilidad nuevas y modificadas, así como las cuestiones que se le señalan en relación con la aplicación de la Norma. En 2015, el IASB completó su primera revisión integral de la Norma.

El IASB emitió las Modificaciones a la NIIF para las PYMES de 2015 y una segunda edición de la Norma, que incorpora las modificaciones de 2015, que entró en vigor en 2017. En 2019, el IASB inició su segunda revisión integral de la Norma, de acuerdo con el objetivo de iniciar una revisión integral aproximadamente dos años después de la fecha de vigencia de las modificaciones de la Norma resultantes de una revisión integral anterior. Como parte de esta segunda revisión integral, el IASB: (a) publicó la Solicitud de Información sobre la revisión integral de la Norma NIIF para las PYMES como primer paso de su segunda revisión integral.

El objetivo de la Solicitud de Información era recabar opiniones sobre si la alineación de la Norma con las Normas NIIF de Contabilidad completas nuevas y modificadas que es el objeto y alcance de la revisión, podría servir mejor a los usuarios de los estados financieros elaborados aplicando la Norma sin causar un costo o esfuerzo desproporcionado para las PYMES; y (b) consultó el Grupo de Implementación de las PYMES (SMEIG, por sus siglas en inglés) un organismo asesor del IASB. La Solicitud de Información buscaba opiniones sobre: (a) el marco conceptual que el IASB desarrolló para la segunda revisión integral; (b) las secciones de la Norma que podrían alinearse con las Normas NIIF de Contabilidad completas nuevas y modificadas en el alcance de la revisión; y (c) temas que fueron: (i) omitidos en la Norma y si, en relación con estos temas, la Norma podría alinearse con las Normas NIIF de Contabilidad completas; y (ii) estaban relacionados con la aplicación de la Norma. Tras considerar la información recibida sobre la Solicitud de Información y las recomendaciones del SMEIG, el IASB propone modificaciones a la Norma de Contabilidad NIIF para las PYMES que se establecen en este Proyecto de Norma.

Los Fundamentos de las Conclusiones sobre este Proyecto de Norma explican cómo el IASB aplicó su marco para esta revisión con el fin de decidir si se debe proponer la modificación de la Norma para alinearla con las Normas NIIF de Contabilidad completas y, en caso afirmativo, cómo hacerlo.

Para conocer el documento objeto de discusión, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, recordó a los compradores que siempre se debe exigir al comerciante o vendedor la expedición inmediata de la factura electrónica, para lo cual debe informar estos 3 datos:

- Nombre o Razón Social
- Número de cédula o NIT
- Correo Electrónico.

Para expedir la factura electrónica, el vendedor o comerciante no debe exigir la exhibición o entrega de documento alguno; por ejemplo, la presentación del Registro Único Tributario (RUT).

La factura de venta y/o documento equivalente debe entregarse en el momento en que se realiza la venta del bien y/o la prestación del servicio, y el comprador (adquiriente) recibirá la misma y su validación, así:

Por correo electrónico a la dirección suministrada por el comprador al facturador electrónico.

Si el comprador no informa el medio de recepción de la factura electrónica, se deberá expedir mediante la impresión de la representación gráfica.

La DIAN adelantará las acciones de control y de fiscalización correspondientes, para lo cual el comprador deberá informar a la entidad por los canales de PQSR y Denuncias, los casos en los cuales se le exijan requisitos adicionales a los que señale la normatividad o no se le expida factura electrónica al momento de la adquisición.

Es importante tener en cuenta que el artículo 618 del Estatuto Tributario establece que los compradores (adquirentes de bienes corporales muebles o servicios) están obligados a exigir la factura o documento equivalente que establezcan las normas, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria, debidamente comisionados para el efecto, así lo exijan.

Igualmente, el facturador electrónico (vendedor, comerciante y, o prestador del servicio), deberá generar y expedir al momento de la venta o prestación del servicio, la factura con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, y en el artículo 11 de la Resolución 0042 de 2020, tal como se lo reitera la Circular 000007 del 24 de octubre, expedida por la DIAN.

Para mayor información sobre factura electrónica, haga clic aquí.

Página 35 de 228

Carrera 48 N. 12Sur - 70 Oficina 508
Medellín - Antioquia | Colombia
Teléfono +57 (4) 444 29 26
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Hola! Si tienes dudas o deseas conocer más acerca de nuestros eventos, da clic aquí y chatea con nosotros.
Política de tratamiento de datos personales | ICEF S.A.