El Banco de la República presentó los resultados de un estudio sobre las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que son la principal causa de mortalidad en el mundo. Estas enfermedades se asocian principalmente con grupos de edad avanzada y, por lo tanto, se espera que su carga financiera aumente progresivamente, debido al envejecimiento de la población y a factores de riesgo derivados de hábitos de vida poco saludables.

En Colombia el aumento en la prevalencia de estas enfermedades tiene un efecto directo sobre los gastos del sistema de salud, no solo por los tratamientos y medicamentos utilizados sino por el aumento de la población con estas comorbilidades, convirtiéndose en un reto para el manejo de las finanzas del sector.

En un capítulo de un documento ESPE reciente del Banco de la República que trata sobre aspectos financieros y macroeconómicos del sistema de salud, un grupo de investigadoras estima los costos asociados a las ECNT, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad crónica respiratoria y enfermedad renal crónica. El estudio se basa en cálculos del número de atenciones por consultas, procedimientos, urgencias y hospitalizaciones obtenidos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) del Ministerio de Salud. Los costos estimados probablemente subestiman los costos totales para el sistema, pues no incluyen los costos de los medicamentos, ni los gastos no financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Se aprecia un aumento importante de los costos totales a partir de 2017, explicado principalmente por el incremento en los costos de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por su parte, los costos por persona atendida, es decir el costo total dividido por el número de personas diagnosticadas con una ECNT, crecen también de manera importante a partir de 2019.

El documento contiene además un análisis prospectivo de los costos totales asociados con las ECNT hasta 2030, considerando el número de personas atendidas y algunos supuestos sobre el crecimiento de los costos de los servicios. Se contemplaron tres escenarios: en el primero, se supone que los costos de los servicios permanecen constantes y, por lo tanto, el costo total aumenta al mismo ritmo que las personas atendidas; en el segundo escenario, se considera el crecimiento de la población atendida y una proyección de la inflación de los costos de los servicios, que históricamente ha sido superior a la inflación promedio; finalmente, en el tercer escenario se incluyen los dos efectos anteriores y se añade un incremento en los costos reales debido al cambio técnico que implica el uso de tecnologías relativamente costosas.

Los resultados de estos cálculos indican que en 2030 los costos totales de las ECNT (en billones de pesos de 2021) llegarían a COP 9,3 billones en el escenario 1, COP 9,8 billones en el escenario 2 y COP 10,2 billones en el escenario 3. Estos resultados se basan en proyecciones basadas en los datos observados y el comportamiento histórico de las distintas variables. Es posible que políticas de prevención y de promoción de hábitos saludables mitiguen en el futuro el crecimiento de las ECNT. Sin embargo, no es previsible que este tipo de políticas tenga efecto antes de 2030.

Nótese que, en los tres escenarios, los cálculos anticipan un incremento en costos reales anuales de más de 50% a lo largo de la década 2020-2030. En comparación con 2016, se anticipa que para 2030 los costos reales asociados a las ECNT se multipliquen por cinco. Al compararse la trayectoria de los tres escenarios en el Gráfico 2, puede verse que el principal determinante del crecimiento de los costos es el envejecimiento de la población. Este crecimiento de los costos de atención en salud para este segmento de enfermedades es por lo tanto un reto urgente para la política pública.

Colombia cerró 2023 con un récord histórico en el número de empresas activas en el país. De acuerdo con las cifras de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el número total de empresas matriculadas y renovadas llegó a 1’740.168.

Esta cifra es superior en 0,2% a la reportada en 2022, cuando el número de empresas activas había alcanzado 1.736.117, la cifra más alta desde 2019, antes de la llegada de la pandemia. Ese año el país había alcanzado un total de 1.643.849 empresas activas, de acuerdo con el Registro Único Empresarial y Social, RUES, de Confecámaras.

Para calcular el número de empresas activas, se tienen en cuenta las matrículas registradas ante las Cámaras de Comercio del país anualmente, y las matrículas renovadas cada año.

Bogotá tuvo la mayor cantidad de empresas activas en el país durante 2023, con más del 24 % del total; mientras que Antioquia concentró el 13 %; Valle del Cauca el 8,9 % y Cundinamarca concentraron el 6,7 %.

El informe destaca que las microempresas representan cerca del 95 % del tejido empresarial nacional. Por su parte, las pequeñas empresas participan con el 3,5 %; las medianas son el 0,8 % y las grandes empresas el 0,3 % del total nacional.

La viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro Vargas, destacó la histórica cifra de empresas activas en el país y explicó que el objetivo del Gobierno del Cambio es reindustrializar el país, generar más empleo formal e ingresos de calidad.

En línea con estos objetivos, resaltó que desde el Gobierno nacional se promueve un entorno favorable y mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas de Colombia.

“En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo seguimos trabajando en programas de capacitación y formación, acceso a créditos en condiciones favorables y en generar políticas que apoyen los negocios de cientos de miles de colombianos, la generación de empleo formal, salarios de calidad y una mejor calidad de vida para todos”, aseguró la viceministra Caro Vargas.

La alta funcionaria agregó que desde esta cartera “seguiremos trabajando para mantener e impulsar la creación de más empresas en diferentes sectores, que nos permitan reactivar la economía y asegurar el sustento de millones de familias”.

Es importante mencionar que, del número total de empresas activas en el país al cierre de 2023, las personas naturales representaron cerca del 68%.

En cuanto a los datos de enero de 2024, cabe mencionar que son bastante similares a los de el mismo mes del año pasado, pues durante el primer mes del año se matricularon 31.822 empresas, frente a las 31.833 de hace 12 meses. Asimismo, el número de empresas canceladas en enero se mantuvo 11.271, igual número que el del año pasado.

Cabe mencionar que en 2023 se registraron 9.447 empresas exportadoras (personas jurídicas), un 3% más que en 2022. Por otro lado, las empresas jurídicas exportadoras fueron principalmente micro y pequeñas, sin embargo, el 86,7% de las exportaciones las realizaron grandes empresas.

Por medio del Concepto 036 del 11 de marzo de 2024, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, dio trámite a una consulta sobre la Terminación del vínculo contractual – entrega información.

Para conocer el Concepto 036, haga clic aquí.

Con el propósito de darle tracción a la economía del país e impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Bancóldex anunció el lanzamiento del portafolio de crédito Colombia se Reactiva, cuyas primeras 4 líneas estarán disponibles en los próximos días.

Este paquete inicial de financiación está enfocado en apoyar al segmento mipyme en procesos de modernización, adopción de prácticas sostenibles, internacionalización, y el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres.

Se trata de las líneas Mipymes Competitivas; Internacionalización para la Productividad; Mujeres Empresarias y Sostenible Adelante.

Estas nuevas opciones de financiamiento le apuestan al mejoramiento de la competitividad a partir de la innovación, las tecnologías de la información, las herramientas de la industria 4.0 y la virtualización y digitalización de procesos.

También, le apuntan a la internacionalización a través del acompañamiento a las mipymes con potencial de exportación, en todas las etapas de su proceso, y a los exportadores que necesiten financiar sus operaciones.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “con estos recursos fortalecemos nuestra apuesta por la internacionalización y la reindustrialización de las mipymes. En el Gobierno del Cambio tenemos la convicción de que es fundamental brindar financiación en condiciones favorables a los microempresarios para que mejoren su competitividad y sigan contribuyendo al crecimiento de la matriz productiva del país”.

Por su parte, el presidente de Bancóldex, Javier Díaz Fajardo, aseguró que Bancóldex sigue actuando para apoyar al tejido empresarial colombiano. “En la pandemia lo hicimos con el portafolio de líneas Colombia Responde y luego, en la reactivación, con las líneas Adelante. Hoy llegamos con la familia Colombia se Reactiva, con la que esperamos movilizar medio billón de pesos en líneas de crédito para las mipymes del país”.

Estas líneas de crédito contarán con condiciones favorables y plazos adecuados, con la posibilidad de que las mipymes hagan uso de las garantías ofrecidas por el Fondo Nacional de Garantías.

Estas son las principales características de las líneas:

Línea Mipymes Competitivas: con esta línea de crédito, de aproximadamente $190.000 millones de pesos, las mipymes podrán invertir en su modernización para aumentar su productividad, con plazos de entre 2 y hasta 5 años y periodos de gracia de hasta 12 meses.

Línea Mujeres Empresarias: con esta línea, que suma $30.000 millones de pesos, las empresas lideradas por mujeres podrán acceder a crédito con un plazo de hasta 5 años y periodos de gracia de hasta los 6 meses.

Línea Internacionalización para la Productividad: esta línea de crédito de aproximadamente $60.000 millones de pesos, financiará los planes de internacionalización y de posicionamiento de la oferta exportable, en pesos y dólares. Con plazo de hasta 5 años, dependiendo de su tamaño, con periodos de gracia de hasta 12 meses.

Línea Sostenible Adelante: con los recursos de esta línea, que alcanzan los $60.000 millones de pesos, las mipymes podrán financiar proyectos relacionados con economía circular, bioeconomía, adaptación y mitigación del cambio climático; y transición energética. Los plazos van hasta los 5 años, con periodos de gracia de hasta 6 meses.

La primera versión de estas líneas, que fue puesta en marcha en 2023, brindó soluciones de financiación a más de 5.000 empresarios por más de 500.000 millones de pesos.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 002 del 5 de marzo de 2024, por el cual responde a una consulta sobre las NIIF 16 arrendamientos y NIC 37 provisión por desmantelamiento.

Para conocer el Concepto 002, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó la Resolución 031 del 29 de febrero de 2024, por la cual se prescribe el formulario No. 350 «Declaración de retenciones en la fuente» para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a partir del 1 de agosto de 2024.

Para conocer la Resolución 031, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP- organismo de normalización técnica en Colombia en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, publicó su Informe de Gestión del año 2023. Este documento muestra los actividades, logros y avances de la entidad respecto del cumplimiento de sus objetivos misionales y de los ítems consagrados en los planes de trabajo correspondientes.

Entre los hitos más importantes se encuentran el de la emisión de los documentos de orientación técnica (DOT) No. 20 -Criptoactivos: gestión contable en Colombia- y No. 21 -Aplicación de las normas de contabilidad e información financiera en el sector de la economía solidaria. El primero, derivado del Comité Técnico creado para tal fin. La orientación contiene aspectos generales de la contabilización de activos virtuales criptográficos, entendidos bajo la definición dada por el Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI- e incluye parámetros que se mencionan en el desarrollo de esta, con base en los estudios que se están adelantando por IASB.

La DOT 21 tiene su fundamento en el borrador entregado por el Comité Técnico de las Entidades Sin Ánimo de Lucro a finales de agosto y es el resultado de años de trabajo de los miembros de esta instancia técnica, en especial del subcomité de la Economía Solidaria.

El estudio partió de la base conceptual según la cual las organizaciones solidarias son simultáneamente asociaciones de personas que se unen con el propósito de brindar soluciones a sus necesidades y empresas que desarrollan actividades que deben ser sostenibles para llevar a cabo su objeto social. Su modelo socio-empresarial es reconocido y tipificado en el marco constitucional, legal y reglamentario como de interés público y sujeto a promoción y protección.

En el mismo periodo, una vez cumplido el proceso de discusión pública y con fundamento en la recomendación del CTCP, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1899 de 2023 por el cual se modifica el numeral 4 del artículo 1.2.1.2. del Decreto 2420 de 2015. A través de este se determinan las condiciones de la aplicación obligatoria de la NIA 701 (Norma Internacional de Auditoría) Comunicación de las cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente en Colombia.

En la línea de gestión normativa el Consejo Técnico, remitió a la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF- y al director de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, respectivamente, la recomendación para la adopción en Colombia de la Norma Internacional de Información Financiera – NIIF 17, contratos de seguro, expedida por IASB, las cuales establecen los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los contratos de seguro.

También es importante destacar la visita de tres representantes del International Accounting Standards Board (IASB), máxima instancia de emisión de normas de contabilidad e información financiera y perteneciente a la Fundación IFRS a Bogotá con tres propósitos : presentar la agenda de trabajo de mediano y largo plazo, responder las inquietudes de los participantes en las sesiones de sensibilización y conocer de los reguladores aspectos clave de la implementación de estándares en las materias de su competencia. En tal contexto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP-, con el apoyo logístico del INCP, fungió como anfitrión de Andreas Barckow, presidente de IASB; Linda Mezon Hutter, vicepresidente; y Tadeu Cendon, integrante de la entidad.

Para consultar el informe completo, haga clic aquí.

Se llevó a cabo en la Superintendencia Financiera de Colombia la tercera mesa de trabajo del mercado de capitales, cuyo objetivo fue presentar los avances de la estrategia conjunta entre el Gobierno y el sector privado para fortalecer la presencia de nuevos emisores e inversionistas locales y extranjeros en el mercado.

En la mesa de trabajo participaron representantes del Ministerio de Hacienda y Cré-dito Público, la URF, la SFC, el Banco de la República y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Por el sector privado, participaron la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), Asobancaria, Asobolsa, Asofiduciarias, Asofondos, Asociación de Compañías de Financiamiento (AFIC) y la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), así como otros actores del mercado.

En la actualidad se avanza en la estructuración de la propuesta normativa para su posterior publicación a comentarios, abarcando temas como la revisión de las reglas aplicables a las ventas en corto, la dinamización de las operaciones de contado a través de instrucciones generales de inversión y agregación de posturas, la regulación de la actividad de préstamo recurrente de valores, el fortalecimiento de los programas de formadores de liquidez, la revisión de las condiciones para el reconocimiento de emisores conocidos y/o recurrentes, las condiciones de acceso a programas de emisión y colocación, la ampliación del alcance de la actividad de financiación de valores, los requisitos para la actividad de asesoría, y la armonización de la emisión de bonos y valores de contenido crediticio cómo los CDTs.

Por su parte, la SFC actualizará algunas instrucciones relacionadas con el umbral para la vinculación simplificada en operaciones de intermediación de bajo monto y los sistemas electrónicos de ruteo de órdenes, así como aquellas que se requieran para hacer viables los objetivos del Gobierno Nacional en términos de liquidez y acceso al mercado.

La Directora de la URF, Mónica Piedad Higuera Garzón, y el Superintendente Financiero, profesor César Ferrari, manifestaron que el desarrollo del mercado de capitales es fundamental para el crecimiento económico y social del país, y todos los agentes debemos, desde nuestros diferentes roles, contribuir activamente en aras de fortalecerlo.

Finalmente, reiteraron la necesidad de que los agentes del sector privado, especialmente, los asesores comerciales y de inversión, promuevan entre sus clientes las distintas alternativas de negocio en el mercado de valores para aumentar los niveles de ahorro e inversión de los colombianos.

Con base en la información reportada por los establecimientos de crédito, la Superintendencia Financiera, en ejercicio de sus atribuciones legales, expidió la Resolución 0400 de 2024 por medio de la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, crédito productivo de mayor monto, crédito productivo rural, crédito productivo urbano, crédito popular productivo rural y crédito popular productivo urbano.

Crédito de consumo y ordinario

De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 2 de febrero al 23 de febrero de 2024, se certifica en 22,20% efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual tendrá vigencia entre el 1 y el 31 de marzo de 2024.

La nueva certificación representa una disminución de 111 puntos básicos (-1,11%) frente a la vigente en febrero de 2024 (23,31%).

Crédito productivo

De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre las semanas con corte del 2 de febrero al 23 de febrero de 2024, para las modalidades de crédito productivo se certifica el interés bancario corriente en:

Modalidad / Efectivo anual

Crédito productivo de mayor monto / 27,47%
Crédito productivo rural / 25,10%
Crédito productivo urbano / 36,85%
Crédito popular productivo rural / 45,87%
Crédito popular productivo urbano / 51,09%

Las tasas de interés bancario corriente certificadas tendrán vigencia entre el 1 y el 31 de marzo de 2024.

Para conocer la Resolución 0400, haga clic aquí.

La Sala Octava de Revisión amparó los derechos al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social de una ciudadana. La mujer invocó el amparo toda vez que la empresa en la que trabajaba asando chorizos no le pagó las incapacidades causadas por un accidente laboral.

La accionante sufrió múltiples quemaduras de segundo y tercer grado luego de encender una estufa que explotó por una fuga en la pipeta de gas, situación que había sido advertida por la mujer a su jefe directo en varias ocasiones. Los costos de los servicios de salud ascendieron a nueve millones de pesos toda vez que la entidad no la tenía afiliada a una ARL.

En el proceso la empresa negó cualquier tipo de relación precontractual o contractual con la ciudadana para la manipulación de comidas en la parte interna o externa del establecimiento, puesto que, según afirmó, este no es su objeto social.

La Sala amparó los derechos de la mujer al considerar que se vulneraron al no haber sido afiliada a la Sistema General de Riesgos Laborales. En su análisis también comprobó que sí existía un contrato laboral entre la accionante y la empresa.

Así las cosas, la Corte reiteró la Sentencia T-124 de 2013 y recordó que le corresponde al empleador afiliar al trabajador a una Administradora de Riesgos Laborales o exigirle estar vinculado por el tiempo que dure la labor.

Esta obligación se extiende a cualquier modalidad contractual, y la omisión de esta imposición conlleva a la responsabilidad de proteger la salud del trabajador y en esa medida asegurar la atención médica que genere la ocurrencia de un accidente, así como el pago de las incapacidades e indemnizaciones.

“La Corte Constitucional ha precisado que el empleador que omite el deber de afiliar a su trabajador al SGRL debe asumir la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas (…) de la misma forma como si lo hiciera una ARL”, expuso el fallo.

Adicionalmente, la Sala conminó a la oficina Regional del Ministerio de Trabajo a impulsar medidas con perspectiva de género, dirigidas a alcanzar la igualdad real y efectiva de la mujer en el campo laboral, con el propósito de formalizar el empleo y promover estudios de riesgo específicos que regulen prácticas seguras en el desempeño de su labor.

En esta decisión, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas salvó el voto.

Para conocer la Sentencia T-550 de 2023, haga clic aquí.