La Contaduría General de la Nación publicó la Circular externa 006 del 27 de septiembre de 2016, por medio de la cual hace la categorización departamentos, distritos y municipios para el año 2017.

Para conocer la Circular 006 completa, haga clic aquí.

La Superintendencia Financiera emitió la Circular Externa 038 del 27 de septiembre de 2016, con la cual imparte instrucciones relativas a la contabilización de las reservas técnicas de las entidades aseguradoras.

El siguiente es el texto completo de la Circular 38:

Apreciados señores:

De acuerdo con lo establecido por el Título 4, Libro 31, Parte 2 del Decreto 2555 de 2010, salvo en el caso de la reserva de riesgos catastróficos, las entidades aseguradoras deben contabilizar en el pasivo las reservas técnicas por su valor bruto, es decir, teniendo en cuenta la porción del riesgo transferida a las reaseguradoras.

Considerando lo anterior, conforme a lo establecido en el art. 2.31.4.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las entidades aseguradoras deben cuantificar y contabilizar en el activo las contingencias a cargo de las entidades reaseguradoras, correspondientes a los contratos de reaseguro proporcional suscritos respecto de todas las reservas técnicas. Por su parte, en los contratos de reaseguro no proporcional, la cuantificación y contabilización en el activo debe aplicarse a la reserva técnica de siniestros avisados y ocurridos no avisados.

En línea con el inciso segundo del citado artículo, el activo que representa las contingencias a cargo de reaseguradores está sujeto a deterioro cuando las entidades aseguradoras tengan evidencia de un aumento en la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de reaseguro que han sido suscritos.

Conforme a lo anterior, en ejercicio de las facultades específicas otorgadas por el artículo 2.31.4.1.3 del Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 2973 de 2013, y las competencias generales establecidas en el literal a) del numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el numeral 9 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, esta Superintendencia imparte las siguientes instrucciones:

PRIMERA: Responsabilidades de la junta directiva respecto al reaseguro. Modificar el numeral 1.6 del Capítulo II, Título IV de la Parte II de la Circular Básica Jurídica (CBJ), en lo relacionado con el esquema de contratación de reaseguros de la entidad aseguradora.

SEGUNDA: Contabilización y deterioro del activo correspondiente al riesgo cedido al reasegurador. Adicionar el numeral 2.2.6 al Capítulo II, Título IV de la Parte II de la CBJ, relativo a los criterios para cuantificar las contingencias a cargo de reaseguradores que se contabilizarán en el activo de la entidad aseguradora y las reglas para su respectivo deterioro.

TERCERA: Contabilización en el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión. El activo por contingencias a cargo de reaseguradoras correspondiente a la Reserva Matemática de que tratan los arts. 2.31.4.3.1 a 2.31.4.3.3 del Decreto 2555 de 2010, debe contabilizarse en el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión en las siguientes subcuentas, según corresponda:

168015 DE RIESGOS EN CURSO REASEGURADORES DEL INTERIOR
168020 DE RIESGOS EN CURSO REASEGURADORES DEL EXTERIOR

CUARTA: Definición de la participación de siniestros liquidados. Adicionar al subnumeral 2.3.2.2.3 del Capítulo II, Título IV de la Parte II de la CBJ la fórmula para clarificar el cálculo de la participación de siniestros liquidados en la asignación de ingresos y egresos indirectos a sus respectivos ramos.

QUINTA: Vigencia. La presente Circular rige a partir del 1º de abril de 2017, salvo por la instrucción cuarta que entrará a regir a partir de su publicación.

Se anexan las páginas de la Circular Básica Jurídica modificadas.

Cordialmente,

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA
Superintendente Financiero de Colombia

Las autoridades de regulación emiten la propuesta de norma de entidades que no aplican la hipótesis de negocio en marcha y son divulgados por la Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP.

Los documentos relacionados se ponen en conocimiento y discusión pública hasta el 30 de septiembre y pueden ser revisados en la siguiente dirección: http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=37103

Con la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture y el Director General de DIAN, Santiago Rojas Arroyo, inició la operación de los escáneres no intrusivos en la Sociedad Portuaria de Santa Marta por donde se exporta el 33% de carga del país e ingresa un 15%.

Los equipos de inspección no intrusiva de rayos X, conformados por un escáner de contenedores, un escáner de pallets y paquetes y dos dispositivos de detección de sustancias químicas, explosivos y narcóticos, facilitarán las operaciones de inspección de las mercancías, disminuirán costos y tiempos en las importaciones y exportaciones y serán una herramienta de control para la seguridad nacional.

Con el uso de los escáneres, los tiempos de inspección de las autoridades de control pasarán de 24 horas, lo que tarda una inspección física en promedio, a 15 minutos haciendo la inspección no intrusiva. Esta reducción de tiempos permitirá la disminución de los costos de almacenaje que los importadores y exportadores deben pagar por la permanencia de sus mercancías en las instalaciones del puerto.

Los usuarios de comercio también podrán reducir los costos asociados a la movilización de contenedores por inspección física aproximadamente en un 38%, lo que representa un valor de 94 mil millones de pesos al año.

“Uno de los pilares de la política de comercio exterior en la Colombia moderna es el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, contar con tecnología de punta facilita el proceso que debe complementarse con la oferta de productos con mayor valor agregado y más competitivos que se inserten en las cadenas globales de valor”, dijo la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

La tecnología de estos escáneres penetra el acero más de 3 centímetros, inspeccionando así compartimientos falsos o mercancías que se encuentren camufladas en otros espacios. Igualmente, permite detectar con mayor facilidad sustancias ilícitas o contrabando a través de la identificación de materiales orgánicos e inorgánicos, densidades, formas, espacios vacíos y también el número atómico de cada material.

“La implementación de los escáneres y las disposiciones de la Nueva Regulación Aduanera estiman reducir las operaciones de importación de 130 horas (estudio USAID 2016), para el modo marítimo, hasta 48 horas, gracias a la reducción de tiempos de movilización y de inspección”, dijo el Director General de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo.

Estos dispositivos de alta tecnología se sumarán a los recientemente inaugurados por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en Buenaventura.

Próximamente, también estarán dispuestos en los puertos de Barranquilla y Cartagena.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dentro del marco del Plan de Cobro 2016 y como medida para recuperar la cartera morosa en la capital del Valle del Cauca, ha proferido durante el año 3.570 resoluciones de embargo a sumas de dinero depositadas en cuentas corrientes y, o ahorros por un valor superior a $451.000 millones. Como producto de estas medidas cautelares se han obtenido 3.745 depósitos para pagar tributos en mora.

En Cali se tienen 26.921 morosos que le adeudan a la Entidad $256.746 millones por concepto de Impuestos Nacionales; estos morosos los componen 13.287 personas jurídicas y 13.634 personas naturales.

Las actividades económicas que desarrollan estos morosos se concentran en Comercio al por mayor y al por menor no especializado (6.169); le siguen Industrias Manufactureras (2.887); Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (2.446); Construcción (1.637) y Otras actividades de servicio (1.483).

En la Región del Valle del Cauca, que comprende además de la Seccional de Cali, las Direcciones Seccionales de Buenaventura, Tuluá y Palmira, hay 32.884 morosos que deben tributos nacionales por valor de $313.464 millones, que constituye el 6.6% de la cartera total de la DIAN.

Por tipo de contribuyente, 15.540 son Personas Jurídicas o empresas, esto es, el 47% de los morosos de la Región del Valle del Cauca, en tanto que el 53% restante son Personas Naturales.

Dentro de los morosos de la Región del Valle del Cauca, sobresalen los dedicados a las actividades económicas de Comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos automotores y motocicletas (22.9%); Industria Manufacturera (10.5%); Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (8.4%); Construcción (5.8%); Otras actividades de servicios (5.7%) y las demás actividades (46.7%).

En el período enero - julio las 34 Direcciones Seccionales de Impuestos de la DIAN en todo el país, recuperaron cartera por un valor de $3.2 billones, cumpliendo con ello la meta establecida. En la Seccional de Impuestos de Cali por su parte, en el mismo período, se recaudaron $212.287 millones.

Dentro de la cartera que ha gestionado la Dirección Seccional de Impuestos de Cali durante el periodo vale destacar los 2.138 Actos Administrativos proferidos en desarrollo de las labores de control y revisión de los impuestos que adelantan las dependencias de fiscalización y liquidación.

Adicionalmente, se han cerrado establecimientos de comercio dedicados al comercio de confecciones, textiles, metales, mantenimiento de maquinaria y equipo. En lo que resta del año se continuará con ésta actividad, por lo que se invita a todos los deudores de IVA y Retención en la Fuente a ponerse al día lo antes posible, evitando con ello mayores costos tanto para la administración tributaria como para el responsable.

Por último la Administración Tributaria recomendó a los contribuyentes morosos ponerse al día en sus obligaciones y evitar sanciones e intereses.

Mediante el Oficio 115-176674 del 14 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Sociedades respondió a una consulta sobre el cambio de moneda funcional pre proceso de implementación de nuevos marcos normativos (NIIF) en Colombia.

El siguiente es el texto completo del Oficio Oficio 115-176674 de Supersociedades:

Me refiero a sus escritos radicados, mediante los cuales solicita el concepto de esta entidad en relación con el efecto de la aplicación de las disposiciones de la NIC 21 “Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera”.

Previo a resolver el interrogante planteado es del caso precisar que las consultas que se presentan a esta Entidad se resuelven de manera general, abstracta e impersonal, de acuerdo con las facultades conferidas en ejercicio de las atribuciones de inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales expresamente señaladas en la Ley 222 de 1995 y se circunscribe a hacer claridad en cuanto al texto de las normas de manera general, para lo cual armoniza las disposiciones en su conjunto de acuerdo al asunto que se trate y emite su concepto, ciñéndonos en un todo a las normas vigentes sobre la materia. Sobre el particular me permito señalar que:

1. De acuerdo con la posición oficial del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), expresada mediante oficio CTCP-10-00975-2016 del 1 de agosto de 2016 y que fuera acogida por la Superintendencia de Sociedades, la moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia, es el peso colombiano.

Al efecto, sostuvo el CTCP “[…] independientemente de la moneda funcional, se requiere la información contable en la unidad cuenta, que en nuestro caso es el peso colombiano.”

2. La referida posición, de acuerdo con el CTCP, se sustenta en que:

“una empresa domiciliada en Colombia debe llevar sus registros contables en pesos, aun cuando para efectos de presentación sus estados financieros puedan ser expresados en otra u otras monedas. Debe recordarse lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 31 de 1992:

‘Unidad monetaria. La unidad monetaria y unidad de cuenta del país es el peso emitido por el Banco de la República.’

“El término ‘unidad de cuenta’ se define como el valor establecido en la ley en función del cual se fija el precio de los bienes y servicios del país en la que se utiliza esa unidad de cuenta”.

3. Ahora bien, el hecho de que para esta Superintendencia, de acuerdo con el ordenamiento legal y lo definido por el CTCP, la moneda de registro de la contabilidad en Colombia sea el peso colombiano, no significa que se esté desconociendo lo previsto en la NIC 21, que advierte que la moneda funcional puede ser distinta a la moneda de registro. En efecto, para esta Superintendencia, el preparador de información puede, con base en lo prescrito en la referida NIC 21, decidir cuál es su moneda funcional, que sirva para preparar y presentar sus estados financieros, para la toma de decisiones por parte de los usuarios de la información financiera.

4. En todo caso, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con las normas aplicables, la información contenida en los estados financieros debe ser tomada fielmente de los libros de contabilidad (artículos 37 de la Ley 222 de 1995 y 208, numeral 4, del Código de Comercio). Lo anterior significa que si la moneda funcional es distinta de la moneda de registro, el procedimiento que corresponde es el de conversión, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 39 de la NIC 21, de los valores registrados en los libros de contabilidad, a los valores de la moneda funcional.

5. Sin embargo, si la moneda funcional es la misma moneda de registro, es evidente que los datos de los estados financieros deben ser tomados directa y fielmente de los libros de contabilidad, sin que sea procedente conversión alguna. Esto mismo aplica cuando la moneda que se utilice para preparar y presentar estados financieros dirigidos a determinados usuarios, a pesar de ser distinta de la moneda funcional, coincide con la moneda de registro. En este evento, tampoco es procedente una nueva conversión.

6. En particular, si la información financiera es presentada a esta Superintendencia, los estados financieros deben obtener sus valores de manera directa y fiel de los libros de contabilidad que se llevan en pesos colombianos, a nivel de registro, transaccionalmente y sin que dé lugar a registros por diferencias por conversión; aun cuando la moneda funcional de la compañía sea distinta del peso colombiano.

7. Esto por cuanto, además de ser lo que prescriben las normas legales, corresponde al requerimiento particular por parte de la Superintendencia de Sociedades, como usuario calificado de la información, que con base en sus facultades de supervisión (artículos 84 y 85 de la Ley 222 de 1995), puede determinar la forma y términos en que requiere la presentación de los estados financieros.

De acuerdo con un fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el costo presunto del 75 % en el impuesto sobre la renta no es procedente aplicarlo en el caso de los contratos de obra civil ya que solo puede utilizarse para determinar el costo en la enajenación de activos fijos y no en la prestación de servicios profesionales.

Síntesis del caso: En julio de 2008, una persona natural presentó su declaración de renta por el año gravable 2007 donde registró un impuesto a cargo de $ 13.275.000 y un total a pagar de $ 7.337.000. A raíz de un emplazamiento para corregir, el contribuyente incrementó los ingresos y calculó un total a pagar de $ 9.559.000. Luego la DIAN previo requerimiento especial le modificó la declaración mediante liquidación oficial donde le aumentó los ingresos en $ 19.825.000, le desconoció costos y gastos de $ 519.382.000, le reliquidó la sanción por corrección y le impuso sanción por inexactitud. Para el contribuyente la DIAN no debió negarle la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario sobre costos estimados ya que según su inciso 3° se aplica si no es posible determinar costos y deducciones. Afirma que la actividad del contribuyente no es la prestación de servicios sino la construcción de bienes inmuebles, para lo cual celebra contratos de obra a todo costo, como lo corrobora el código de actividad que es el 4530. Mientras tanto para la DIAN, el contribuyente es de servicios porque se encuentra en el RUT con la actividad 4530 que corresponde a “construcción de obras de ingeniería civil” y en desarrollo de su actividad económica obtuvo ingresos por $ 622.391.000 por “honorarios, comisiones y servicios”.

Extracto: “...En este caso, no procede la estimación de costos que prevé el artículo 82 inciso 3 del E.T. debido a que los costos en que incurrió el actor no provienen de la enajenación de activos sino de la prestación de sus servicios profesionales. Si bien el contrato de prestación de servicios profesionales no está definido expresamente en la legislación colombiana, lo que lo hace un negocio atípico e innominado, en los artículos 2063 a 2069 del Código Civil se consagra la figura del arrendamiento de servicios inmateriales, que corresponde a aquella labor o serie de actos que se realizan con predominio del factor intelectual para el servicio de otra persona a cambio de una retribución. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 1372 de 1992 define así el servicio para efectos del IVA:...Aunque la norma se refiere a IVA puede aplicarse al impuesto sobre la renta, pues para todos los efectos jurídicos la prestación de servicios excluye la relación laboral, se concreta en una obligación de hacer, sin importar si predomina el factor intelectual o material y a cambio del servicio prestado se recibe una remuneración...En el presente asunto, los contratos suscritos por el actor tienen por objeto la realización de obras de construcción a todo costo (obligación de hacer), para lo cual en el cláusula primera de todos los contratos civiles de obra las partes convinieron que “El contratista se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo con la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados, que se anexan al presente contrato como parte del mismo. El Contratante se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra o del material que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de seguridad exigidas.”...Por lo tanto, se encuentra cumplida la característica de los contratos de prestación de servicio, relacionada con la ausencia de relación laboral o subordinación entre los contratantes. Los contratos de obra civil que celebró la actora son de prestación de servicios por las características propias de estos contratos, pues se identifican plenamente con el contrato de prestación de servicios, dado que las partes convienen la ejecución de una obligación de hacer (una labor o labores especificas), a cambio de una remuneración, sin subordinación laboral. Por ello, se cumplen todos los requisitos del servicio previstos en el artículo 1 del Decreto 1372 de 1992...En suma, el objeto de los contratos de obra civil suscritos por el demandante no es la enajenación de activos sino la prestación de un servicio consistente en la realización de obras de construcción a todo costo, para lo cual, a cambio de una remuneración, este se obliga, por su cuenta y riesgo, a ejecutar la obra (obligación de hacer), de acuerdo con la descripción y los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados por el contratante. En consecuencia, no es posible dar aplicación al artículo 82 inciso 3 del E.T.

b. El costo estimado del artículo 82 del Estatuto Tributario se aplica cuando existen indicios que el costo declarado no es real, no se conoce o no es posible determinar el costo de enajenación de los activos enajenados en el impuesto sobre la renta.

Extracto: “...El artículo 82 del Estatuto Tributario hace parte de las normas comunes al costo de activos fijos y movibles, del capítulo 2- Costos del Libro I del Estatuto Tributario, que corresponde al impuesto sobre la renta y complementarios. La referida norma dispone lo siguiente:...Esta norma establece los eventos en que procede la estimación de los costos en la enajenación de activos, los instrumentos con los que cuenta la Administración para determinarlos, así como un cálculo aproximado de estos cuando las herramientas dadas a los funcionarios de fiscalización son insuficientes para determinarlos. Así, para aplicar la estimación de costos el funcionario de fiscalización debe encontrarse frente a alguna de las siguientes situaciones: - Indicios de que el costo de enajenación de activos informado por el contribuyente no es real, o - No se conoce el costo de los activos enajenados o este no puede determinarse mediante pruebas directas, como las declaraciones de renta del contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos. Verificado alguno de los eventos anteriores, puede acudirse a los costos de los activos fijos enajenados en que incurrieron personas que han desarrollado la misma actividad del contribuyente, o han realizado operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a datos estadísticos de diferentes entidades. Por último, si ninguno de los instrumentos indicados permite determinar el costo de los activos fijos enajenados en que se incurrió, este se estimará en el 75% del valor de la respectiva enajenación.

Sentencia de 25 de abril de 2016 Exp. 54001-23-33-000-2012-00177-01 (20.384) M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, en cumplimiento del debido proceso previsto en la ley, pone en conocimiento del público la propuesta de las enmiendas efectuadas por el IASB a la NIC 7, NIC 12 y NIIF 15 en el primer semestre de 2016.

Dicha propuesta y la información que la acompaña puede ser consultada haciendo click en el siguiente vínculo: http://www.ctcp.gov.co/documentos2.php  documentos definitivos

La ministra del Trabajo, Clara López, desmintió rumores que vienen circulado a través de las redes sociales y en otras instancias, en el sentido de que en Senado de la República se estudia y avanza un proyecto de ley para imponerle impuestos a los pensionados con el objeto de financiar el posconflicto.

Al respecto la titular de la cartera laboral expresó que esta clase de comentarios sólo tienen el ánimo de engañar a los votantes del plebiscito que se llevará a cabo el próximo 2 de octubre: "hoy quiero hacer claridad ante la opinión pública, ante el Senado de la República y la Cámara de Representantes, que esa es una absoluta falsedad de fuerzas oscuras que tienen la intención de engañar a la opinión pública en este polémico debate alrededor del sí y el no".

López Obregón agregó que, "puedo decir con claridad que no hay tal proyecto en curso, que no existe ninguna intención del Gobierno Nacional ni de ningún miembro de este Congreso de impulsar un proyecto en tal sentido".

La precisión la hizo la titular de la cartera laboral en el salón elíptico del Capitolio Nacional, atendiendo la citación para continuar con el estudio del Proyecto de Ley 040 de 2016 de Cámara y 060 de 2016 de Senado, por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 al 31 de diciembre de 2017.

En este escenario, la Ministra López expuso que su cartera lleva una ejecución presupuestal adecuada y que se viene cumpliendo con las metas de desempeño de la presidencia de la República.

Informó que con corte a agosto 30, el sector Trabajo está en los primeros lugares en cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en 2016.

Así mismo, hizo un llamado al Ministerio de Hacienda y a Planeación Nacional, para que se aumenten las partidas destinadas a proyectos misionales que para 2017 no tienen asignación presupuestal.

La Contaduría General de la Nación emitió la Resolución 541 del 15 de septiembre de 2016, por la cual se prorroga el plazo para el reporte del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA, indicado en las Resoluciones No 437 del 12 de agosto de 2015 y 108 del 30 de marzo de 2016, para las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud Distrital creadas mediante acuerdo 641 del 6 de abril de 2016.

Para conocer la Resolución 541 completa, haga clic aquí.