El Gobierno Nacional, por medio del ministerio del Trabajo y La DIAN en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, promueven una mayor igualdad de género para reconocer e incentivar tributariamente a las empresas que contraten mujeres víctimas de violencia.

Así lo resaltó, la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez Ríos, quien explicó que la deducción es del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el año o periodo gravable.

Para la titular de la cartera laboral: “empoderar económicamente a las mujeres, en especial a las que han sufrido diferentes tipos de violencias, contribuye directamente a la igualdad de género, erradicación de la pobreza y crecimiento económico inclusivo”, de tal forma que promover la empleabilidad de esta población, permite contribuir a su empoderamiento para erradicar ciclos de violencia que han permeado la vida de estas mujeres.

Según el último reporte del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género-SIVIGE, correspondiente al año 2021, en Colombia se identificaron 50.911 casos de violencias de género. Situaciones que requieren del acompañamiento del Estado colombiano, entre otras acciones como promover y proteger la empleabilidad de las mujeres que han sido víctimas.

Para la identificación de las mujeres víctimas, el ministerio del Trabajo acompañará a las empresas para que a través del ministerio de la igualdad y los mecanismos de género en todo el país se identifiquen a las mujeres objeto de este incentivo.

Así mismo, en alianza con la Junta Central de Contadores de Colombia, se activarán canales virtuales para asesorar a los empleadores interesados en esta iniciativa tributaria.

Durante la jornada se reconoció además a 23 empresas y organizaciones del Sello Equipares, por la labor que han realizado para el cierre de brechas de género, mediante la implementación del programa y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma del Sello.

¿Cómo será el incentivo?

a). Deberá solicitarse a partir del período gravable que corresponda a la vinculación directa de la trabajadora víctima de violencia comprobada y hasta por un término máximo de tres (3) años por cada trabajadora vinculada, si la relación laboral perdura tal como lo dispone la ley;

b). El monto de la deducción será del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o periodo gravable a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término máximo de tres (3) años si esta se mantiene;

c). La deducción no se aceptará sobre los pagos realizados a trabajadores/as a través de empresas de servicios temporales;

d). Es necesario que las decisiones y medidas en favor de la mujer víctima de la violencia, señaladas en el literal a) del artículo 3° del presente decreto, hayan sido dictadas con posterioridad a la expedición de la Ley 1257 de 2008 y que la vinculación laboral se haya iniciado después de la adopción de las mismas.

Durante la sesión 88 del Comité de Coordinación y Seguimiento del Sistema Financiero, llevada a cabo entre el Ministro encargado, Diego Alejandro Guevara Castañeda, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gerente General del Banco de la República, el Superintendente Financiero encargado, Felipe Noval Acevedo, la Directora del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín, y la Directora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF, se analizaron las principales tendencias de los indicadores líderes del sistema financiero y las perspectivas para el año 2024.

Al corte de octubre de 2023, los establecimientos de crédito continúan mostrando indicadores prudenciales adecuados y superiores a los mínimos regulatorios que les permitirían absorber una eventual materialización de riesgos.

Luego de observarse una aceleración importante en la dinámica del crédito durante 2022 y acorde con el ciclo crediticio, en lo corrido de 2023 la labor de intermediación se ha ajustado ordenadamente. El crecimiento de la cartera en las diferentes modalidades ha mostrado una desaceleración, especialmente en la modalidad de consumo. Asimismo, se ha evidenciado la materialización del riesgo de crédito, particularmente en la modalidad de consumo y más recientemente en el microcrédito.

Después del análisis conjunto de los principales indicadores, el Comité concluyó que el sistema financiero mantiene unos indicadores prudenciales superiores a los mínimos regulatorios. Aun así, persisten algunos factores de riesgo asociados principalmente con el comportamiento de la calidad de los créditos de consumo, microcrédito y comercial, lo cual ha conducido a priorizar las actividades de supervisión y los ejercicios de seguimiento sobre la gestión que adelantan las entidades y su capacidad patrimonial para afrontar diferentes escenarios.

Principales indicadores revisados durante la sesión
Como se anticipó en sesiones anteriores, continúa evidenciándose una menor dinámica de la cartera total del sistema, explicada principalmente por el comportamiento de la financiación de consumo. El indicador de cartera vencida total a septiembre se situó en 5.49%. Por su parte, el nivel de cobertura de la cartera vencida a través de provisiones es superior al 100%.

Frente a la cartera de consumo, las cifras sugieren que el deterioro persiste acorde con el ciclo de crédito, lo que se ha visto reflejado en aumentos de la cartera en mora y en riesgo. Los hogares, por su parte, han reducido la carga financiera y sus niveles de endeudamiento, mientras que el ahorro se ha recuperado a valores cercanos a los observados previos a la pandemia.

En cuanto a los créditos destinados a las empresas, la información disponible muestra que se mantiene la moderación en el crecimiento de la cartera, mientras que los indicadores de calidad por mora y por riesgo registran leves deterioros, aunque se mantienen en niveles cercanos al promedio de los últimos 5 años. Por su parte, en el caso de la modalidad de microcrédito continúan reportándose crecimientos reales positivos, pero se ha observado una aceleración en la dinámica de la cartera vencida.

Consistente con el comportamiento de la cartera, la rentabilidad de los establecimientos de crédito se ha reducido desde finales de 2022. Esta disminución está explicada principalmente por el mayor gasto en provisiones y la caída en el margen neto de intereses, que coincide con el mayor deterioro de los portafolios de consumo, microcrédito y comercial, así como con algunas presiones en el costo de fondeo.

Los establecimientos de crédito continúan mostrando unos niveles de capital y liquidez que permitirían afrontar diferentes escenarios de mayor riesgo. Contar con una regulación y supervisión adecuados, junto con un comportamiento prudente de las entidades financieras, han permitido la conformación de niveles sólidos de solvencia y liquidez a través del tiempo. Las autoridades resaltaron la importancia de garantizar que las entidades mantengan dicha solidez ante la materialización de algunos riesgos.

Los miembros también discutieron la evolución en la implementación de las recomendaciones del Financial Sector Assessment Program (FSAP) del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyendo que ha habido avances en materia prudencial y de gestión de riesgos. Se destacan la expedición del Decreto 1533 de 2022, que señala las condiciones aplicables a las grandes exposiciones de los establecimientos de crédito, y de la Circular Externa 025 de 2022, que reglamentó la gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario.

Conclusiones
Los miembros del Comité concluyen que los indicadores líderes del sistema financiero en lo corrido de 2023, al corte de octubre, coinciden con las expectativas y análisis de riesgos realizados desde finales del año anterior. La regulación vigente y sus buenas prácticas, el marco de política macroprudencial existente y las medidas de supervisión adoptadas para promover el fortalecimiento de la gestión de los riesgos permiten a los establecimientos de crédito mitigar el impacto del deterioro de la cartera que se ha observado a lo largo del año y de los riesgos previsibles para el año 2024.

Consulte el Reporte de Estabilidad Financiera haciendo clic aquí.

Con el propósito de promover el entendimiento y cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB, la Subdirección de Normativa y Doctrina publicó la compilación de la doctrina oficial.

Esta primera versión organiza la doctrina en los siguientes ejes temáticos:

Obligados a suministrar información en el RUB

Determinación del beneficiario final

Debida diligencia

Régimen sancionatorio

Acceso a la información

Consulte aquí la Compilación de la Doctrina del RUB 1ª versión.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de resolución por la cual se establecen los requisitos y las condiciones para la cancelación de oficio de la inscripción del Registro Único Tributario -RUT por inactividad tributaria.

La entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 15 de diciembre de 2023, a través del siguiente buzón: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Para conocer el proyecto de resolución, haga clic aquí.

Por medio de la Resolución 413 del 4 de diciembre de 2023, la Contaduría General de la Nación incorpora la Norma de gastos de transferencias y subvenciones en las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativa para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Para conocer la Resolución 413, haga clic aquí.

La Contaduría General de la Nación publicó la Resolución 411 del 29 de noviembre de 2023, por la cual se establece la información a reportar, los requisitos, plazos y características de envío a la Contaduría General de la Nación y se deroga la Resolución 706 de 2016.

Para conocer la Resolución 411, haga clic aquí.

Por medio del Concepto 0511 de 1 de diciembre de 2023, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, respondió a una consulta sobre pasivos ambientales – Ley 2327 de 2023.

Para conocer el Concepto 511, haga clic aquí.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 518 del 28 de noviembre de 2023, por medio del cual respondió a una consulta sobre el Control de inventarios.

Para conocer el Concepto 518, haga clic aquí.

La Superintendencia Financiera, en ejercicio de sus atribuciones legales, expidió la Resolución 2074 de 2023 por medio de la cual se certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Crédito de consumo y ordinario

De acuerdo con la información semanal reportada por los establecimientos de crédito entre el 3 de noviembre y el 24 de noviembre de 2023, se certifica en 25,04% efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, el cual tendrá vigencia entre el 1 y el 31 de diciembre de 2023.

La nueva certificación representa una disminución de 48 puntos básicos (-0,48%) frente a la vigente en noviembre de 2023 (25,52%).

El interés bancario corriente es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio (artículo 884) y para determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal (artículo 305).

Para conocer la Resolución 2074, haga clic aquí.

Al ratificarse el Convenio 190, los países integrantes de la OIT se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión. Este instrumento impone la obligación de adoptar la legislación que garantice el derecho a la igualdad y no discriminación en el empleo.

El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el campo laboral, su productividad, acceso al empleo y su salud.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, se mostró optimista por el avance de este importante convenio.

“Celebramos un paso importante, hacia el cumplimiento de los sueños de muchas mujeres, trabajadoras, empresarias, emprendedoras y sus organizaciones y el mío, por tener un trabajo sin miedo, sin violencias de género y sin discriminaciones”, dijo la Ministra.

La relevancia de este convenio es que se generan entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr equidad en el trabajo y se salda una deuda histórica con las mujeres trabajadoras en prevención del acoso laboral.

“Ratificar este convenio significa que vamos a avanzar en combatir, prevenir y sancionar las violencias de género que viven las mujeres y personas de las diversidades sexuales, en el ámbito laboral”, puntualizó la jefa de la cartera laboral.

El acuerdo sobre la violencia y el acoso de la OIT fue adoptado en junio de 2019 en la Conferencia del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo uno de los primeros instrumentos internacionales que reconocen específicamente el derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, introduciendo aspectos garantistas y novedosos con un ámbito de aplicación amplio.