Ante una consulta sobre los costos de transacción en instrumentos financieros, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 444 del 28 de noviembre de 2023, dando trámite a dicha consulta.

Para conocer el Concepto 444, haga clic aquí.

En 2024, la reforma al Sistema de Salud de Colombia tendrá un costo de $929 mil millones. Así lo señala el escenario de factibilidad realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con base en la ponencia para segundo debate del mencionado proyecto.

Sin reforma, los gastos del sector salud en 2024, según el reporte, alcanzan los $91,3 billones. El informe muestra, además, que con reforma esta cifra en el mismo año suma $92,2 billones. Para esta vigencia, el balance con reforma muestra un déficit de $3,2 billones.

Si bien la reforma al sistema de salud implica mayores gastos en el corto y mediano plazo, derivados de la ampliación en la atención primaria, la formalización del talento humano en salud, la construcción y recuperación de la infraestructura pública hospitalaria y la creación de licencias de maternidad universales, entre otros, en el largo plazo, se espera que el énfasis en la prevención se traduzca en menores gastos de atención en mediana y alta complejidad.

La siguiente gráfica compara el gasto en salud hasta 2050 en un escenario con y sin reforma. Como se observa, aunque durante los primeros años el gasto del escenario con reforma es superior, esta situación se invierte a partir de la vigencia 2036.

El informe del Ministerio de Hacienda y crédito Público destaca que, para garantizar el derecho fundamental a la salud, la iniciativa contempla la articulación del sistema alrededor del aseguramiento social, con enfoque basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud.

Con la reforma renglones como el de Atención Primaria en Salud pasará de $16,5 billones a $17,5 billones.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, considerando que el país tiene alrededor de 16 mil sedes de baja complejidad, varias de las cuales ya funcionan como Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), los recursos requeridos para la construcción de nuevos CAPS se estiman en $500 mil millones por año.

El proyecto de reforma también establece como parte de la política de formación y educación superior en salud, la creación, por parte del Gobierno, de becas de matrícula para formación posgradual de profesionales de salud en áreas médico-quirúrgicas y de salud pública. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el gasto anual se estima en $120 mil millones a partir de 2025.

La iniciativa busca crear un fondo para la atención de catástrofes y epidemias. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, se requerirían alrededor de $50 mil millones por año de manera que, al cabo de una década, se cuente con una reserva de al menos $500 mil millones, gasto que se proyecta a partir de 2025.

Para conocer el informe del Ministerio de Hacienda, haga clic aquí.

A través del Concepto 554 del 28 de noviembre de 2023, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, resuelve una consulta sobre el reconocimiento de un inmueble donado a una ESAL.

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Con la reactivación de la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad, promover el proceso para la ratificación del convenio 190 con la OIT sobre acoso laboral y violencia contra las mujeres, y aprobación del cronograma del calendario y su dinámica para la concertación del salario mínimo y auxilio de transporte para 2024, sesionó de manera oficial, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales – CPCPSL.

La jefe de la cartera laboral, Gloria Inés Ramírez aclaró: “Hemos tenido una agenda de trabajo muy importante y en primera instancia reactivamos la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad que habíamos creado el año anterior y sobre ella acordamos hacer análisis y reflexiones en cuanto a la situación económica que está viviendo el país y hacer los aportes desde la Comisión para lo cual se trabajará para darle propuestas al Gobierno Nacional”.

De igual manera, “hemos acordado un procedimiento claro, para llegar al consenso y elegir a la persona que llevará la responsabilidad ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, Cetcoit, que es el mecanismo que tenemos de intermediación y conciliación de los procesos y querellas que se llevan ante la OIT”, agregó.

Finalmente, dijo: “de manera unánime, toda la mesa acogió que el convenio 190 frente a las violencias contra las mujeres y el acoso laboral, vamos a trabajarlo para darle trámite en el Congreso de la República en la Comisión Segunda”.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, anotó: “Estamos contentos al haber llegado a la ratificación de un convenio muy especialmente para las mujeres, y es que los espacios del trabajo sean libres de violencia y acoso laboral y sexual, esto nos da optimismo y muestra que evidentemente gobierno, empresarios y trabajadores podemos hacer cosas más significativas”.

“No nos negamos a la concertación y haremos el mejor de los esfuerzos desde el Comando Nacional Unitario para que podamos llegar a un acuerdo del salario mínimo”, finalizó Arias.

Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master anotó: “Esperamos tener la sabiduría y poder tomar la mejor decisión para lo cual nos pusimos de acuerdo en toda la información para esta decisión, como decía la Ministra, en la semana del 13 y 14 de diciembre”.

Las fechas acordadas para las próximas reuniones quedaron establecidas tripartitamente de la siguiente manera:

30 de noviembre las cifras del DANE en torno a la tasa de desempleo y el 1 de diciembre sesionará la Subcomisión de Productividad.
4 de diciembre, se reunirá nuevamente la mesa para trabajar los datos concretos del mercado laboral, el informe de la Subcomisión de Productividad a cargo del DANE y el contexto macroeconómico en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El 7 sesionará la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad
El 11 de diciembre, se analizará la inflación y el PIB a cargo del DANE y la proyección de la inflación por parte del Banco de la República.
El 12, presentación de ofertas de incremento del salario mínimo para 2024.
13 y 14 serán las jornadas de concertación.

El 15 de diciembre, es el primer plazo para llegar a un acuerdo, según lo establecido en la Ley 278 de 1996, artículo 8, parágrafo Inc. 1.

En el encuentro tripartito participaron delegados de gremios, centrales sindicales y Gobierno, y fue presidido por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, junto con los viceministros de Relaciones Laborales, Edwin Palma y de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, y de la Secretaría Técnica de la CPCPSL.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP, publicó el Concepto 491 del 27 de noviembre de 2023, por el cual responde a una consulta sobre el reconocimiento contable del contrato de Mandato.

Para conocer el Concepto 491, haga clic aquí.

Con el fin de autorizar el arbitraje para disputas tributarias, aduaneras o cambiarias entre los contribuyentes y la DIAN, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley de arbitramento de litigios.

El objetivo es agilizar y mejorar la eficiencia en la resolución de estas disputas, en comparación con los procedimientos judiciales convencionales.

Y es que actualmente, el índice de congestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en Colombia es del 64%, lo que evidencia la pertinencia de esta iniciativa, al permitir el arbitraje como mecanismo alternativo que disminuye la saturación del sistema judicial.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, destacó que la base de datos de litigios del Estado revela que existen 7.112 procesos activos de la DIAN por un monto de $27,3 billones, con corte a mayo de 2023. Es así como con los mecanismos previstos en el nuevo proyecto de ley, se permitiría movilizar un mayor recaudo para financiar niveles de gasto social consistentes con la implementación del Plan de Desarrollo.

“La iniciativa crea una nueva alternativa de resolución de las disputas entre los contribuyentes y la administración, lo cual reduce el tiempo en el que incurren ambas partes en su resolución”, precisó.

Es así como gracias a las disposiciones de este proyecto de ley, es razonable esperar que buena parte de estos procesos se resuelvan en un término menor de 12 meses, considerando los procesos arbitrales que se realizan en otras áreas del derecho.

Así, la iniciativa es beneficiosa para los contribuyentes y contribuye a aumentar la eficiencia en la generación de recaudo por parte de la DIAN.

Para conocer el Abecé del proyecto, haga clic aquí.

La Contaduría General de la Nación solicita a las entidades contables públicas que actúan como entidades agregadoras, actualizar los datos de sus entidades agregadas a través de la página www.chip.gov.co en la sección "Ingreso Web Entidad".

Para ello, presentó una Guía de actualización de datos en el Sistema CHIP. Para conocer el documento, haga clic aquí.

Por medio del Decreto 2000 del 21 de noviembre de 2023, el Dapre crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al Sistema General de Participaciones y otras fuentes de financiación y se dictan otras disposiciones.

Para conocer el Decreto 2000, haga clic aquí.

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el Proyecto de Decreto “Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario y se sustituyen los artículos 1.2.1.17.20 y 1.2.1.17.21 de Capítulo 17 Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria para ajustar el costo fiscal de activos fijos”.

La entidad recibirá comentarios sobre este proyecto de decreto hasta el 7 de diciembre 2023.

Para conocer el proyecto de decreto, haga clic aquí.

Tras más de 3 años de una queja ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Gobierno Nacional y las tres centrales sindicales, CUT, CTC y CGT se reunieron para conciliar de manera voluntaria, una reclamación ante la OIT presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución, por incumplimiento de los convenios 03, 12, 17, 24, 25 y 144 por la expedición del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019- Plan Nacional de Desarrollo, sobre Piso de Protección Social y el decreto reglamentario 1174 del año 2020.

Para la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, este acuerdo es una oportunidad para mejorar las condiciones de las y los trabajadores en Colombia en torno a la seguridad social y el derecho a una pensión digna.

“Hemos llegado a un acuerdo con presencia de la OIT, de una conciliación voluntaria por primera vez ocurrida en el continente americano, en torno a que se retira esta querella y el Gobierno Nacional se compromete expresamente a derogar el decreto 1174 del Piso de Protección Social, que ya estaba inactivo sobre la base de la sentencia 276 de la Corte Constitucional. Este Gobierno se compromete a seguir avanzando, continuaremos teniendo reuniones periódicas para la realización del monitoreo y hacer seguimiento del decreto derogatorio y sobre todo, de las medidas que favorezcan a las y los trabajadores de Colombia”, puntualizó la Ministra.

Para las centrales obreras, el decreto 1174 del Piso de Protección Social, recortaba los derechos de las y los trabajadores en Colombia, que, por no tener un salario mínimo, se les negaba el acceso a la pensión.

“Nos parece muy positivo este ánimo de concertación con el Gobierno y lo celebramos ante la OIT”, dijo Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

“Celebramos que el acuerdo que hemos suscrito con el Gobierno pone punto final a una queja formulada ante la OIT, pero adicionalmente es un logro de un punto que estuvo en la mesa durante el paro nacional, que era la derogatoria del decreto 1174, eso ha sido posible en este Gobierno del Cambio”, expresó Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo, CGT.

“Este es un acuerdo muy importante, puesto que es una reclamación que hemos venido haciendo las tres centrales obreras ante la OIT por el decreto 1174 y hoy llegamos a un feliz acuerdo de conciliación, gracias a la buena gestión del Gobierno del Cambio y su Ministerio del Trabajo”, subrayó Jorge Peña, ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC.

Las partes acordaron:

Derogar expresamente el decreto 1174 de 2020 (Piso de Protección Social), aunque el precitado decreto no se esté aplicando, en virtud de la Sentencia C-276 de 2021 de la Corte Constitucional.
El Gobierno, promoverá y apoyará iniciativas normativas que posibiliten que los trabajadores y trabajadoras que laboran al servicio de otra persona (natural o jurídica), a tiempo parcial o de menores ingresos, sean afiliados obligatorios en calidad de dependientes, del Sistema de Seguridad Social Integral.
El Gobierno impulsará iniciativas que garanticen el trabajo decente y la justicia social a través del rediseño del sistema de protección social, para asegurar la oferta necesaria, pertinente y de calidad, que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez.
El Gobierno con la asistencia de la OIT, adoptará medidas para que los trabajadores informales, tengan derecho a la seguridad social, incluido el reconocimiento de prestaciones económicas relacionadas con incapacidades de salud de origen común y de riesgos laborales, maternidad y paternidad, que pueda surgir.
A este respecto, el Gobierno se compromete a que cualquier iniciativa gubernamental, cambio normativo y medidas adoptadas serán consultadas de manera tripartita.
Las partes acuerdan adoptar una hoja de ruta que contemple medidas de divulgación y campañas de sensibilización para avanzar en la protección social de los trabajadores.
Las partes de este acuerdo de conciliación se reunirán al menos cada dos meses, durante el siguiente año, para hacer seguimiento al cumplimiento de lo aquí estipulado.
Con la suscripción de este documento, las partes acuerdan el cierre de la reclamación objeto de esta conciliación, una vez se publique el decreto señalado en el literal a) del acta, en consecuencia, se comprometen a dar cumplimiento de buena fe a lo establecido en los acuerdos.