Un total de 19 compañías adoptaron el modelo de empresas de beneficio e interés colectivo (BIC) de la mano de la Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con informes de la entidad en el grupo hay compañías de diversos tamaños; desde pymes hasta sociedades con más de $14.000 mil millones en activos. Las estadísticas señalan que 11 sociedades impulsaron reformas internas para convertirse en BIC y las restantes son nuevas compañías.

“Lo bonito de esto es que están en todo el país y no solo en Bogotá. Las BIC son un compromiso que implica que toda la organización se vuelca a cumplir lo social y lo ambiental. Es una iniciativa de equidad de este gobierno”, señaló el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

Las BIC le presentarán a la Superintendencia de Sociedades un informe anual donde detallarán los impactos positivos de su actividad en las comunidades, el medio ambiente y la calidad de vida de sus trabajadores usando uno de los cinco estándares internacionales definidos por la entidad:

1. La Certificación de Sociedad Tipo B de B Corporation.
2. Los Estándares GRI del Global Reporting Initiative.
3. La norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial de la International Organization for Standardization
4. La Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Compass) de las Naciones Unidas, el World Business Council for Sustainable Development y el GRI.
5. La serie de normas AA1000 de Relacionamiento y Responsabilidad Social de AccountAbility

Cabe recordar que el Gobierno Nacional sancionó recientemente la Ley 1901 de 2018, que permite la creación de compañías, que más allá de su finalidad lucrativa, cuentan con una vocación de interés común. Es decir, que además de ser un negocio rentable para sus accionistas, procuran el bienestar de las comunidades en donde están instaladas, de sus trabajadores y del medio ambiente.

Cualquier sociedad puede transformarse en BIC a través de una reforma a sus estatutos.

Tras las reuniones con los ponentes del proyecto de Ley de Financiamiento por la equidad, previos al segundo debate en las plenarias de Senado de la República y Cámara de Representantes, se hicieron varios cambios en el proyecto de Ley frente a la ponencia para primer debate, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

La tarifa del impuesto a los patrimonios de más de $5.000 millones se reduce a 1%, antes era del 1,5%

El impuesto a las ventas de vivienda de más de 900 millones se reemplaza por un impuesto a las ventas de todos los inmuebles que excedan ese valor, excepto los predios rurales destinados a producción agropecuaria.

El umbral de ingresos para definir los contribuyentes responsables de IVA no va a bajar. En la anterior ponencia se establecía que pasaba de 3.500 UVT a 3.000 UVT.

Cabe resaltar que, el espíritu continúa siendo el mismo, las alternativas encontradas protegen el poder adquisitivo de la población más vulnerable y mantienen las medidas para incrementar la equidad, avanzar en la lucha contra la evasión e impulsar el crecimiento y la productividad.

De aprobarse la ponencia, sería necesario aplazar algunos gastos que se encontrarían desfinanciados, minimizando los efectos que estas decisiones puedan tener sobre los ciudadanos más vulnerables.

El gobierno continuará con sus esfuerzos para implementar medidas de austeridad para reducir el gasto.

1. Medidas para reactivar la economía.
Se crea un marco tributario que busca hacer frente a la informalidad, la baja productividad y necesidad de impulsar el crecimiento económico.

Se crea el mecanismo de tributación SIMPLE a través del cual se simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y pequeñas empresas. En un único formulario podrán liquidar sus obligaciones tributarias de renta e ICA, reduciendo sus costos y promoviendo la formalización. Además, por medio de este impuesto, las tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías pagarán sus obligaciones de IVA.

Se plantean mecanismos que reducen la alta carga tributaria que enfrentan las empresas, que limita su crecimiento, la generación de empleo y la inversión:

Se reduce la tarifa de renta para las empresas de 33% a 30% en los próximos cuatro años.

Se permitirá el descuento en el impuesto de renta de los gastos en IVA de la inversión en capital y de los pagos del Impuesto de Industria y Comercio. En particular, el descuento del IVA pagado en bienes de capital reduce los costos de la inversión y mejora la estructura de este impuesto, al dejar de castigar la inversión.

De forma gradual, a lo largo de los próximos 3 años, se elimina la renta presuntiva, con lo cual se incentiva el emprendimiento y se deja de castigar a las empresas en consolidación.

Se establece un nuevo mecanismo que buscan incentivar la normalización tributaria a capitales en el exterior.

Con las medidas de la Ley, reactivaremos la economía y estimulamos el empleo. Tenemos que enfrentar en particular el desempleo juvenil, que se encuentra en niveles muy elevados.

Se introdujeron mecanismos para fomentar el emprendimiento de la economía naranja y del sector agropecuario, lo que facilitará su desarrollo y consolidación.

2. Equidad. Los ciudadanos de más ingresos tributarán más.
Se fortalece la construcción de un sistema tributario más equitativo y progresivo, al incrementar la contribución que realizan las personas de más altos ingresos a la financiación del Estado.

Se incrementa la tarifa del impuesto de renta para las personas con ingresos mensuales promedio, mayores a $40 millones.

Las personas naturales con patrimonios superiores a $5.000 mil millones contribuirán con el 1% al impuesto al patrimonio.

Los dividendos superiores a $10,3 millones serán gravados a una tarifa marginal de 15%.

Se introduce un impuesto al consumo del 2% para la venta de inmuebles no rurales con precio superior a $918 millones.

3. Fortalecimiento y modernización de la DIAN.
Se implementan medidas que permiten la modernización y el fortalecimiento de la DIAN, lo que le permitirá hacer una más eficiente lucha contra la evasión.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano y representantes de las cámaras de comercio del país y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), firmaron un acuerdo para trabajar durante 2019 en seis líneas de acción que buscan aumentar la competitividad y la productividad regional.

Las cámaras de comercio, afirmó el Ministro, son actores clave para mantener un diálogo permanente con el sector privado y, también, para trabajar de forma articulada en el fortalecimiento del tejido empresarial regional. “Construimos un plan de acción con las cámaras de comercio, integrando su visión de la vida empresarial. Además, la

Superintendencia de Industria y Comercio permitió dar un enfoque incluyente a esta iniciativa. Vamos a regionalizar nuestras políticas de la mano del sistema cameral”. 

Las líneas definidas giran en torno a seis ejes de acción: Formalización, Emprendimiento, Productividad e Innovación, Internacionalización, Institucionalidad y Nuevas Fuentes de Crecimiento.

Además, Restrepo indicó que esta alianza con las cámaras de comercio recalca el objetivo de la política de desarrollo productivo del Gobierno de poner en el centro al empresario. “Buscamos que estas acciones se materialicen en más y en mejores empresas para nuestro país”.

María José Vengoechea, presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, aseguró que este acuerdo refleja el compromiso de las 57 cámaras de comercio del país para fortalecer el tejido empresarial.

Luego de una semana de constante trabajo, el Ministerio de Hacienda y los ponentes de las comisiones económicas del Congreso llegaron a un acuerdo para radicar el texto de la ponencia para segundo debate de la Ley de Financiamiento.

La propuesta pretende recaudar $7 billones en su primer año de aplicación, con lo que se logrará sustentar las necesidades de gasto social de millones de colombianos, planteadas en el Presupuesto General de la Nación del 2019 y que requerían de recursos adicionales para su financiación.

Tal como se estableció en la primera aprobación en las comisiones económicas, el proyecto no amplía el cobro del IVA a la canasta familiar, así como tampoco tocará las pensiones de los colombianos.

Se acordó que las personas naturales con patrimonios superiores a $5.000 millones contribuyan el 1% del mismo durante los próximos tres años. Adicionalmente, se incrementó la tarifa del impuesto de renta para las personas con ingresos mensuales promedio mayores a $40 millones.

El documento contiene aspectos claves que permitirán estimular el empleo, impulsar la formalización y el emprendimiento a través de una reducción de la carga efectiva de tributación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, haciéndolas más competitivas y productivas.

Se reduce la tarifa de renta del 33 al 30% de manera gradual en los próximos cuatros años. Para aumentar la productividad se permitirá el descuento del IVA de la inversión en bienes de capital a partir del año gravable 2019. Asimismo, las empresas podrán descontar de renta el 50% del Impuesto de Industria y Comercio a partir del año gravable 2019 y en su totalidad en 2022. Se mantiene la deducción del 50% del Gravamen a los Movimientos Financieros.

Adicionalmente, se crea el Sistema de Tributación SIMPLE a través del cual se busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas jurídicas o naturales con ingresos brutos anuales inferiores a $2.750 millones.

En un único formulario podrán liquidar sus obligaciones tributarias de renta e ICA, reduciendo sus costos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y promoviendo de esta forma la formalización.

Además, las tarifas del sistema simple para las tiendas pequeñas, mini-mercados, micro-mercados y peluquerías incluyen ya su responsabilidad de IVA. Por su parte, los restaurantes liquidarán el impuesto al consumo en el miso formulario del SIMPLE.

De la misma forma, crea mecanismos claros para fomentar la economía naranja y dinamizar el sector agropecuario.

El proyecto de ley también contempla medidas para intensificar la lucha contra la evasión y la elusión, así como la modernización y el fortalecimiento de la Dian, y un régimen de normalización de activos en el exterior.

Se fortalece la construcción de un sistema tributario más equitativo y progresivo, al incrementar la contribución que realizan las personas de más altos ingresos a la financiación del Estado.

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes serán convocadas para el lunes con el fin de que empiecen la discusión y aprobación de la Ley de Financiamiento.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en desarrollo de la jornada "Al día con la DIAN, le cumplo al país", adelanta durante el mes de diciembre 2.492 visitas de investigación de bienes a contribuyentes morosos del sector comercio que adeudan a la Entidad $104.605 millones.

Adicionalmente, 5.563 asalariados que se encuentran en mora con la DIAN serán objeto de embargo de dinero y salarios, de acuerdo con lo establecido en los artículos 154 a 156 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas obligaciones fiscales ascienden a $142.000 millones.

Así mismo, la DIAN advierte a los contribuyentes que han sido objeto de procesos de determinación y discusión, es decir, quienes presentan inexactitudes en sus declaraciones, o quienes no cumplieron con el deber de declarar, estando obligados, originando obligaciones contenidas en un acto administrativo de Liquidación Oficial y, o Sanción, y que se encuentran en mora, que, de no ponerse al día, se decretarán medidas cautelares que pueden llegar hasta el remate de los bienes de su propiedad.

Es importante resaltar que durante la jornada se llevarán a subasta pública 200 bienes de morosos que adeudan a la Entidad $46.562 millones.

En materia de fiscalización, se tiene prevista la realización de 369 visitas a establecimientos de comercio en diferentes zonas de las principales ciudades, donde existe alta informalidad. Así mismo, se realizarán en todo el país 201 visitas de denuncias de terceros recibidas por faltas u omisiones en la obligación de facturar por parte de responsables de IVA o Impuesto Nacional al Consumo, lo que tendrá como consecuencia la sanción de cierre del establecimiento.

Como resultado de las acciones conjuntas de cobranzas y fiscalización, en los once meses del año se ha recaudado la suma de $8.1 billones, por concepto de gestión.

Por último, la DIAN invita a quienes tienen pendiente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ponerse al día, de lo contrario se advierte que se decretarán las medidas cautelares pertinentes.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, fijó la Unidad de Valor Tributario, UVT, que regirá para el año 2019, en treinta y cuatro mil doscientos setenta pesos ($34.270). El incremento se estableció a través de la Resolución 56 del 22 de noviembre de 2018.

Cada año, la DIAN fija el incremento de la UVT que permite determinar las cifras y valores absolutos aplicables a las obligaciones e impuestos administrados por la DIAN.

Para aplicar la UVT, se multiplica el número de UVT especificado en la norma por el valor fijado para cada año y el resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario.

Este aumento se calcula con la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos medios, entre el 1° de octubre de 2017 y el 1° de octubre de 2018, que fue de 3.36%.

Resolución No. 586 del 7 de diciembre de 2018 de la Contaduría General de la Nación, modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

Para conocer la Resolución 586 completa, haga clic aquí.

“Estoy dispuesta a escuchar las inquietudes de las partes, y en este momento los empresarios presentaron una cifra, pero requieren aclarar una serie de dudas y hacer unas precisiones con respecto al proyecto de ley de la prima extralegal, que hace curso en el Congreso de la República”.

Así lo señaló la ministra del Trabajo, Alicia Arango, al término de la última sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales, CPCPSL, donde se discute el incremento del salario mínimo legal vigente para los trabajadores colombianos ocupados, que según el DANE, está en 44%.

“Los empleadores dicen que les gustaría tener claro que va a pasar con la prima porque de acuerdo con eso, ellos pueden calcular mucho mejor lo que le van a aumentar a los trabajadores, una cosa es el salario con prima y otra sin ella. Sobre ese tema se ha decidido programar una reunión con el presidente Iván Duque, para expresarle sus inquietudes”, dijo la titular de la cartera laboral.

Durante el encuentro, los trabajadores y los empresarios dieron a conocer sus cifras. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT y la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, en cabeza de José Diógenes Orjuela y Robinsón Maso, plantearon un incremento del 12%; por su parte, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, en voz de Diana Gómez, propusieron que el salario se fije con un incremento en la calidad de vida con un 10.32% y la Confederación General del Trabajo, CGT, en palabras de Julio Roberto Gómez, junto con la Confederación Democrática de Pensionados, CDP, y en exposición de John Jairo Díaz, presentaron la cifra de un 10%.

Finalmente, el vicepresidente jurídico de la Andi, Alberto Ehavarria Saldarriaga, tomó la vocería del sector empresarial de los colombianos para proponer un 4% de incremento, más la solicitud con carácter de urgencia de programar una reunión con los congresistas de la Comisión Séptima de Senado, que se encarga de los asuntos laborales en el Congreso de la República, para aclarar algunas dudas y hacer unas precisiones con respecto a la prima extralegal de los trabajadores colombianos.

En la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y laborales, CPCPSL, en la cual acompañaron a la Ministra Arango Olmos, los viceministros de Empleo y Pensiones, Andrés Uribe y de Relaciones Laborales, Carlos Alberto Baena y el secretario Técnico de la Comisión, Mauricio Rubiano, se fijó cita para este viernes 14 de diciembre a las 8:00 a.m., en las instalaciones de Compensar, previo al primer vencimiento legal para la negociación del salario mínimo, según lo contempla la Ley 278.

En noviembre el recaudo bruto de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN - fue de $13,03 billones, lo que indica un crecimiento del 7.1%, en relación con el mismo período de 2017, cuando se registró la cifra de $12,17 billones.

Este crecimiento se explica principalmente por el desempeño del recaudo de Retención en la Fuente a título de renta, IVA y timbre, alcanzando la suma de $4,52 billones, un incremento de 9.6% en relación con 2017, y una contribución a la variación de 3.3%.

Similar comportamiento presentó el recaudo de los tributos asociados al comercio exterior, registrando una variación de 21.1% al pasar de $1.95 billones en 2017 a $2.36 billones en 2018, contribuyendo a la variación en 3.4 puntos, lo que significa que de los 7.1% de crecimiento en el período, el recaudo por aduanas aportó 3.4%.

El 90.1% del recaudo bruto del mes de noviembre se concentró en tres conceptos, IVA con el 37.3%, retención en la fuente a título de renta, IVA y timbre con 34.7% y tributos aduaneros con el 18.1% de participación.

En cuanto al resultado de las acciones adelantadas en el marco del Plan de Cobro y Fiscalización, el recaudo por gestión en noviembre fue de $227.388 millones

Enero – noviembre
Entre enero y noviembre de 2018, el recaudo bruto acumulado de los impuestos administrados por la DIAN sumó $132,6 billones, creciendo 3.0% en relación con el mismo período de 2017, en el que se alcanzó la suma de $128,7 billones. El recaudo por Retención en la Fuente se mantiene como el de mejor comportamiento en el período observado, mostrando un aumento de 10.3%, pasando de $44,1 billones en 2017 a $48,7 billones en 2018, con una contribución de 3.5% a la variación.

De forma agregada, el recaudo bruto de los tributos asociados a la actividad económica interna fue de $111,8 billones, con una variación nominal de 2.3% frente al 2017 que fue de $109,3 billones. Por su parte, los tributos asociados al comercio exterior (arancel e IVA) aumentaron 7.1%, con un recaudo cercano a los $20,73 billones.

En el período enero – noviembre el recaudo mediante títulos de devolución de impuestos (TIDIS) ascendió a $8,21 billones, producto de las devoluciones de saldos a favor a los contribuyentes, que se efectúan mediante títulos entregados en períodos anteriores. El pago de impuestos con estos papeles fue superior en $2,4 billones, frente a las cifras contempladas en las estimaciones del recaudo realizadas en diciembre de 2017, afectando el recaudo en efectivo.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, publicó el proyecto de resolución mediante el cual se señalan las reglas y validaciones aplicables a la factura electrónica con validación previa de que trata el artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Por lo anterior, la entidad recibirá comentarios, observaciones y sugerencias sobre el proyecto de resolución hasta el 17 de diciembre de 2018, a través del siguiente formulario: Comentarios Anexos Técnicos - Validación Previa

Para conocer el proyecto de resolución completo, haga clic aquí.